El diputado Juan Fernando Rubio Quiroz (PRD) instaló la Comisión Especial de Seguimiento a los Trabajos de Reconstrucción tras los Sismos que han Afectado a Diversas Entidades de la República Mexicana.
El legislador, quien presidirá esa instancia, señaló que se requiere transparentar todo recurso público para darle certeza a la ciudadanía. “No podemos permitir que se vuelvan a gestar cosas como el desvío de recursos o que alguien más cobre el dinero de una persona ya fallecida”.
La comisión tendrá la responsabilidad de garantizar e incidir en la entrega de apoyos a cada una de las familias que desafortunadamente perdieron su patrimonio, así como “no politizar la desgracia de las y los damnificados y no utilizarlos como botín político”, apuntó.
Las personas afectadas lo que quieren y buscan es que se les garantice un mejor futuro, una casa donde vivir, un lugar donde estar con sus familias, y es algo que el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar. “Hay dinero, fondos y programas, y debe de existir voluntad para poder garantizar que se den buenos resultados”, añadió el legislador.
El diputado Samuel Rodríguez Torres (PVEM) expuso que la ciudadanía ha exigido que el gobierno realice las acciones necesarias para revertir los efectos negativos ocasionados en diversas entidades federativas localizadas en la región centro y sur del país. Por ello, se requieren acciones de mayor impacto que permitan dar seguimiento a las emprendidas por lo diversos niveles de gobierno durante los sismos.
Comentó que se creó esta comisión con el objeto de contribuir a que las labores realizadas por el estado mexicano restablezcan la normalidad de las actividades en las zonas dañadas, además de que sea garantizado el derecho a la vivienda, trabajo, alimentación, salud, educación y seguridad de las personas damnificadas reactivando el sector económico y productivo de los estados afectados.
La diputada del PRI, Noemí Guzmán Lagunes, destacó que el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales aprobó para los Apoyos Parciales Inmediatos, 6 mil 844 millones de pesos para Chiapas, Oaxaca, Morelos, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Veracruz, tan sólo en la etapa de emergencia. Por ello, “la comisión deberá constatar la eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia en el ejercicio de los recursos”.
Mencionó que tras los sismos ocurridos se evidenció la vulnerabilidad de la población ante los desastres naturales, dejando 464 muertes y un impacto económico de reconstrucción estimado en 37 mil millones de pesos, aproximadamente. “Estos fenómenos tienen implicaciones no sólo en el bienestar de la personas, sino también representan obstáculos para el progreso del país”.
Por el PAN, el legislador Héctor Barrera Marmolejo, enfatizó que la comisión tendrá la responsabilidad de solicitar a las autoridades respectivas asistan a reuniones ante los diputados integrantes, a fin de obtener datos precisos porque “el no cumplir la ley, no verificar y no constatar que esas edificaciones se hagan en regla, conllevará riesgos”.
Nuestra principal preocupación, añadió, debe ser la gente que aún se encuentra en campamentos, quienes no tienen un lugar para pernoctar; que hay algunas acciones pero son insuficientes porque la población afectada continúa padeciendo la falta de una vivienda.
Al hacer uso de la palabra, la diputada Evelyn Parra Álvarez (PRD) dijo que esta comisión será de las que más trabajo tendrán por la cantidad de demandas de la sociedad que exige cumplimiento, información y atención a las zonas y comunidades.
Solicitó que las autoridades con las que se reúnan den respuesta. En el tema de los fondos y donaciones, expresó que es necesario saber dónde quedó el dinero.
La diputada de Morena, Maricela Contreras Julián, planteó cinco ejes de acción para integrarlo al plan de trabajo de la comisión: dar seguimiento a la recepción y destino de recursos públicos federales y locales para la reconstrucción con apoyo de la Auditoría Superior de la Federación, para que ésta realice revisiones en tiempo real.
Transparentar recepción, uso y destino de lo recursos públicos y privados, incluyendo donaciones; hacer recomendaciones a los trabajos de reconstrucción en los estados y a los emprendidos por el gobierno federal, y entrevistarse con los gobernadores para revisar los avances; vigilar la entrega de apoyos a afectados, que evite su utilización para otros fines sobre todo durante las campañas electorales; realizar reuniones con las comisiones de reconstrucción de los estados y los afectados.
La diputada Mirza Flores Gómez (MC) exigió que los Fondos Nacionales de Desastres Naturales (Fonden) y el de Prevención de Desastres Naturales (Fopreden), transparenten sus recursos, su destino y cómo enfrentan la problemática. Dijo que ese dinero debe usarse en reconstruir mejor, bajo criterios de resiliencia, para estar en condiciones de prevenir la destrucción y que la recuperación sea más rápida.
Consideró imperativo dar seguimiento desde la Cámara de Diputados para saber dónde está el dinero que debe destinarse a la recuperación. Consideró que “es vergonzosa la forma en que ha actuado el gobierno federal, porque de no ser por la rápida reacción humanitaria de la comunidad internacional, nuestros pueblos seguirían en la penosa condición de calle y de hambre”.
El diputado Federico Escobedo Miramontes (PES) señaló que el costo original aproximado de la reconstrucción era de 37 mil millones de pesos, que “podría haberse cubierto con el sobreejercicio de entidades y dependencias de la Administración Pública Federal en el rubro de comunicación social, que entre 2013 y 2015 alcanzó 40 mil millones de pesos”.
Se pronunció por impulsar prácticas que permitan canalizar recursos para prevenir desastres y la recuperación. “Básicamente es austeridad y control del gasto público, cosa que no se ha dado”. Pidió que el nuevo Auditor Superior tome la responsabilidad del cargo y aplique las sanciones correspondientes.
En la reunión aprobaron un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), a que en coordinación con la Asociación de Bancos de México y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), extiendan el programa de atención dirigido a los titulares de créditos hipotecarios que resultaron con afectaciones tras los sismos de 2017, con características de generalidad y proactividad.