“Las instituciones mexicanas deben responder con investigaciones serias e independientes, presentar resultados comprobables y actuar con absoluta transparencia”, afirmó la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, al referirse a las declaraciones del director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole.
La legisladora consideró que los señalamientos realizados por el funcionario estadounidense sobre presuntos vínculos entre organizaciones criminales y autoridades mexicanas no deben minimizarse, aunque subrayó que tampoco pueden aceptarse como ciertos sin pruebas.
En entrevista previa al inicio de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente, López Rabadán sostuvo que corresponde a las instituciones del Estado mexicano realizar investigaciones imparciales para esclarecer cualquier señalamiento relacionado con servidores públicos y presuntos nexos con la delincuencia organizada.
Indicó que la respuesta del Gobierno de México no debe limitarse al rechazo de las declaraciones ni atribuirlas únicamente a motivos políticos, sino que debe sustentarse en acciones institucionales que fortalezcan el Estado de derecho y la confianza ciudadana.
La diputada añadió que las investigaciones deben desarrollarse con apego a la legalidad y respetando el principio de presunción de inocencia, pero advirtió que, en caso de acreditarse responsabilidades, los funcionarios involucrados deben ser separados de sus cargos y sancionados conforme a la ley, independientemente de su afiliación política.
Durante su posicionamiento, mencionó que los casos de Baja California y Sinaloa requieren especial atención debido a diversos señalamientos públicos, aunque precisó que ninguna persona puede ser considerada responsable sin que existan pruebas suficientes o una resolución de la autoridad competente.
López Rabadán también señaló que el contexto bilateral en materia de seguridad se ha endurecido tras la decisión de las autoridades estadounidenses de designar al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras, medida que, afirmó, tendrá implicaciones jurídicas, financieras y políticas para la relación entre ambos países.
Finalmente, reiteró que las instituciones mexicanas deben actuar con transparencia, fortalecer las investigaciones y garantizar que cualquier posible vínculo entre funcionarios públicos y organizaciones criminales sea esclarecido conforme al debido proceso y el marco legal vigente.