Ciudad de México.- La corrupción en México en el sector agua es preocupante. Su existencia favorece la sobreexplotación y contaminación del líquido; afecta a los ecosistemas y a la población; y evita que se garantice el derecho humano a un medio ambiente sano, a la salud y el acceso al agua potable y saneamiento.
En el estudio «Corrupción en el Sector Agua en México. ¿Quién es responsable de la crisis?» de Ethos Laboratorio Políticas Públicas, los investigadores Rodrigo Bolaños, Dalia Toledo y Cuauhtémoc Osorno, revelan cómo se da la corrupción en el manejo del agua en México y quiénes están involucrados.
El estudio explora seis áreas de riesgo de corrupción: el otorgamiento de los permisos para poder extraer y hacer uso de las aguas de la nación (concesiones); la regulación de las aguas de desecho; el funcionamiento de los organismos encargados de llevar agua a cada hogar (organismos operadores); los factores detrás del robo de agua (tomas clandestinas); las obras hidráulicas y la generación y publicación de datos.
El estudio de Ethos revela que entre abril de 2015 y diciembre de 2018 se otorgaron al menos 77 concesiones en cuerpos sobreexplotados y estas, en su mayoría, fueron para usos diferentes al consumo humano.
Además, las concesiones se otorgan con información inadecuada (incompleta, inoportuna e incorrecta), sin seguir los procedimientos debidos y sin la visión de garantizar la sustentabilidad de los recursos hídricos.
Tres de cada cinco cuerpos de agua superficial en México tienen algún grado de incumplimiento en los parámetros para medir su calidad. En aguas subterráneas, son uno de cada dos. Incluso, el INEGI estima que los costos por el daño ambiental ocasionados por la contaminación son de 41.5 mil mdp.
Existen diversas causas de la corrupción en este aspecto. La falta de supervisión es una de las principales. A pesar de eso, tanto la Conagua como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han sufrido recortes en su presupuesto a poco más de la mitad, 53 y 55 por ciento, respectivamente, entre 2012 y 2019. Además, la Conagua sólo cuenta con 149 inspectores para revisar más de 500 mil títulos.
A pesar de que la inspección si se lleve a cabo, se encontró que las industrias sobornan a los inspectores hasta con el 20 por ciento del valor de la “multa evitada”.
La corrupción en los organismos operadores de agua tiene consecuencias directas en el bienestar de las personas, ya que son ellos los que se encargan de proveer el líquido a la población. Existen alrededor de 2,688 a nivel municipal, intermunicipal o estatal. No obstante, debido a su mala gestión, actualmente 3 de cada 10 hogares no cuentan con agua diariamente y 3 de 4 personas considera que el agua no es sana para beberse.
Según el INEGI, 7 de cada 100 personas reportan corrupción en los servicios municipales como la solicitud de pipas de agua. Entre los negocios, 70 de cada mil han sido víctimas cuando solicitan estudios de factibilidad de agua y drenaje. Esto es causado por la falta de una normatividad clara, contrapesos débiles y la poca transparencia en su gestión.
La opacidad es generalizada en los organismos operadores. El principal programa para poder conocer su desempeño es de afiliación voluntaria (PIGOO). En él sólo participan 7.4 por ciento de los organismos operadores, y en promedio entregan sólo 13 de los 29 indicadores existentes.
El estudio de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas indica que la existencia de pozos clandestinos es sumamente grave. De 2012 a 2018, la Conagua encontró 2,280. A ello se suma la incertidumbre sobre cuánta agua se extrae de éstos ya que la mayoría se localizan en áreas sobreexplotadas.
Junto con los pozos clandestinos, se da también el fenómeno del contrabando que ocurre cuando funcionarios conectan nuevos usuarios a la red pública sin que cumplan con los trámites o extraen agua de la red para venderla a través de pipas.
El quinto eslabón de la cadena de corrupción son las obras hidráulicas que se realizan para que el agua pueda ser captada, almacenada y utilizada para diferentes fines. Generalmente estas son de gran envergadura o complejidad, con cuantiosos recursos; dichos factores que hacen difícil su vigilancia y control por lo que son susceptibles a la corrupción.
La corrupción encuentra lugar en decisiones en todo el proceso que derivan en incrementos en costos, demoras y entrega de proyectos de mala calidad.
Por último, el estudio de Ethos Laboratorio aborda lo relativo a la carencia de información. Destaca la falta de datos actualizados y completos en la materia, lo que impide establecer instrumentos suficientes y adecuados para su eficaz administración o conservación, lo que permite que prevalezcan las problemáticas que se pretende erradicar como la contaminación y la sobreexplotación.
Dicha problemática se ve reflejada, por ejemplo, en que actualmente no se puede saber cuánta agua se destina para el fracking, o que las autoridades no explican por qué se hacen algunas inspecciones y otras no.
La falta de datos importantes sobre los recursos hídricos también genera riesgos de corrupción, pues los funcionarios pueden esconder decisiones discrecionales o actos de corrupción detrás de información incompleta y desactualizada.
El estudio completo «Corrupción en el Sector Agua en México. ¿Quién es responsable de la crisis?» está disponible en la página ethos.org.mx
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