Ciudad de México.- Uno de los requisitos básicos para alcanzar una democracia de buena calidad es la existencia de una opinión pública informada, para lo cual se requieren medios de comunicación libres e independientes, integrados por periodistas que puedan ejercer su trabajo con todas las garantías necesarias, incluido su derecho humano a la seguridad personal y social, coincidieron los diputados Virgilio Caballero y Lilia Rossbach.
Al participar en el Foro “Hacia una Nueva Ley de Protección a Periodistas”, que se realizó este miércoles en el Salón “Benito Juárez” del Congreso de la Ciudad de México, ambos legisladores de Morena señalaron que la corrupción e impunidad son dos flagelos que llevaron a México a convertirse en el país más peligroso para ejercer el periodismo.
En su turno, el diputado Virgilio Caballero aseveró que México vive una verdadera crisis en lo que respecta a la garantía del derecho a la libertad de expresión, debido al aumento de las agresiones y los asesinatos a periodistas, así como a los defensores de los derechos humanos.
El también periodista aseguró que la falta de eficacia en la prevención y protección de hombres y mujeres dedicados al periodismo han convertido a nuestro país en uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo.
“A pesar de que por razones conocidas por todos debemos prestar atención urgente al tema de la seguridad y la protección integral de los comunicadores, es importante poner sobre la mesa el tema de las condiciones laborales y los derechos sociales de las y los periodistas”, enfatizó el fundador del Canal del Congreso de la Unión.
En ese contexto, lamentó que la Ciudad de México se convirtió en el último sexenio en una de las tres entidades federativas con mayores riesgos para ejercer el periodismo. Explicó que si bien las agresiones contra los comunicadores en la capital del país son diferentes a las ocurridas en estados como Veracruz, Guerrero y Oaxaca, no dejan de significar una amenaza contra la libertad de expresión.
Derivado de ello, calificó de inadmisible la posición del gobierno anterior de la Ciudad de México, ya que fue indiferente y omiso ante las agresiones hacia los periodistas e incluso llegó a negar que se registrara un aumento de éstas.
“Estoy convencido de que ésta no será la actitud del actual gobierno. Sin embargo, como legisladores, debemos de proveer un marco normativo adecuado y trabajar con académicos, expertos y periodistas, con la finalidad de entender a qué tipo de agresiones nos estamos enfrentando en la Ciudad de México”, puntualizó.
El diputado Virgilio Caballero insistió en que el Poder Legislativo local tiene la obligación de conocer de viva voz cuáles son las determinantes de la violencia contra la prensa, y qué tipo de delitos cometidos contra la libertad de expresión atentan contra el derecho de los periodistas a comunicar y el derecho de la ciudadanía a estar informada.
“Nuestra entidad debe ser consecuente con la nueva Constitución de la Ciudad de México, vanguardia en la protección de derechos humanos. Para ello debe fortalecer el ejercicio de las libertades democráticas que año tras año se han visto debilitadas por los sistemáticos ataques contra medios de comunicación, periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, recalcó que el integrante de la Comisión de Protección a Periodistas del Congreso capitalino.
A su vez, la diputada Lilia Rossbach Suárez reiteró que en México el enemigo de la democracia se llama corrupción e impunidad, lo cual ha generado condiciones propicias para que la práctica del periodismo sea la más peligrosa respecto a otros países.
“La defensa del periodismo, así como la preservación de la crítica constructiva y libre, implica que el ejercicio de la profesión periodística se lleven a cabo en un ambiente sin censura y con un sesgo reivindicatorio y condiciones laborales dignas”, subrayó.
La también integrante de la citada Comisión ofreció sumarse al trabajo legislativo de transparentar y recoger las voces que atajen los males que aquejan a la ciudadanía que busca un mejor país.
Al respecto, propuso crear un buzón especial que permita a los periodistas denunciar las amenazas, agresiones o censura al cumplimiento de su labor periodística, con hechos fundados, y que ello posteriormente se dé a conocer de manera pública.
