La iniciativa de reforma constitucional en materia de energía afecta de manera grave a las familias mexicanas y a la economía del país

La Asociación de Comercializadores de Energía (¨ACE¨) manifiesta
su absoluto desacuerdo con la iniciativa para reformar los artículos 25, 27, y 28 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía. Su contenido es injustificado, y dañino para el bienestar
de las familias mexicanas y el desarrollo económico y social de México.
Entre los puntos más preocupantes de la iniciativa están:
– Cancelar todos los permisos privados de generación eléctrica, así como los contratos de
compraventa. Empresas de todos los tamaños solo podrían adquirir electricidad de la CFE como
único proveedor en las condiciones que esta decida, sin ninguna otra opción. Se ilegalizarían
contratos y permisos existentes, lícitos y legítimos, causando una enorme incertidumbre y pérdidas
para los afectados, provocando litigios contra el estado mexicano, y destruyendo la confianza para
invertir en México. Es la pérdida de la confianza en nuestro país, y de la libertad de emprender.
– Desaparecer a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y trasladar sus atribuciones a la Secretaría
de Energía (SENER). La eliminación del ecosistema de organismos especializados, con autonomía
técnica y presupuestal, anuncia riesgos de que la política energética se defina bajo criterios
ideológicos, a costa de la libertad, la competencia y la eficiencia. Es la pérdida de instituciones.
– Eliminar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como una Empresa Productiva del Estado. La
CFE se alejaría de sus objetivos por ser una empresa productiva y competitiva, poniéndola bajo el
asedio de prácticas ineficientes y antiguas que nos cuestan a todos los mexicanos. Es la pérdida de
oportunidad.
– Hacer a la CFE el único abastecedor de energía. Se obligaría a todos los consumidores industriales y
comerciales de México a comprarle en exclusiva a la CFE, eliminando su habilidad de elegir entre
diversos suministradores y comercializadores de competir entre ellos y con sus pares extranjeros por
el menor costo de electricidad posible. Es la pérdida de la libertad de elegir y de competir.
– Cancelar las bases para la Transición Energética. La política de Transición Energética quedaría a
cargo de un monopolio ineficiente, con tecnología contraria a las metas de descarbonización que
afectaría la salud de todos los mexicanos y que se ha manifestado abiertamente en contra de la
generación a partir del viento y del sol. Es la pérdida de un futuro sano y sustentable.
La ACE refrenda su compromiso con el marco legal vigente, que promueve el desarrollo sustentable de la
industria eléctrica y garantiza su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como
el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal, de energías limpias y de reducción de
emisiones contaminantes.
Hacemos un llamado al Congreso de la Unión para que en su proceso de análisis se incluyen las implicaciones
arriba señaladas, esperando que su decisión reconsidere la propuesta del Ejecutivo Federal.