El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (Morena) señaló que la Ley de Amnistía busca reparar los casos en donde las personas que cometieron algún delito mínimo fueron sentenciadas y detenidas por periodos largos, lo cual propicia que se incorporen en escaladas de destrucción evitando su reinserción social.
Durante las mesas de análisis del “Parlamento Abierto para el Análisis y Discusión de la Ley de Amnistía”, el legislador destacó que este ordenamiento logrará eliminar los tratos desiguales y diferenciados; además de responder a las nuevas necesidades de la sociedad, como el movimiento de las diversidades, la búsqueda de los indígenas por su autonomía de su territorio y la intención permanente de tener acomodos en las decisiones de la nación.
Consideró que hay quienes pudieran pensar que los delitos en muchas ocasiones corresponden a la fragmentación de la sociedad, lo cual ha generado jueces injustos en su actuación, porque interpretan realidades de una manera discrecional, “por eso vemos que indígenas han sido procesados sin tener una adecuada defensa”.
Agregó que lo mismo ocurre con las mujeres, quienes están colocadas en una posición de vulnerabilidad que en ocasiones las induce a delinquir, ante ello, es fundamental la observación de cada caso. “Hay algunas que cometen un delito, porque el narcotráfico los obliga a estas conductas anómalas y al margen de la ley, pues quizás sea la única posibilidad de sobrevivencia social o individual”.
Del Instituto Nacional de Ciencias Penales, María del Carmen Cendón Garduño opinó que la propuesta de ley es inoperante y absurda, ya que agrede al debido proceso; la víctima no tendrá más confianza ante las instituciones judiciales, y porque el propio sistema penal maneja los medios alternos a juicio.
El especialista en derechos humanos, Jacobo Dayan, consideró que la propuesta es una buena declaración de principios, pero pésimamente implementada. “Se hace cargo de las consecuencias, pero no de las causas de los problemas de las personas que pretenden ser sujetas a la amnistía”. El país requiere de un marco de justicia constitucional que hable de una gran comisión de la verdad para que los testimonios de las personas sirvan a fin de resolver el problema de raíz.
El representante del Ilustre Colegio de Abogados de México (Incam) Albertico Guinto Sierra, indicó que si se desea integrar a la Ley de Amnistía, el aborto se tiene que despenalizar, así como todos los delitos a los que se refiere este ordenamiento. Pidió no dejar de lado el derecho de la víctima, por lo que propuso incluir la reparación del daño y en caso de que las personas infractoras no tengan recursos, el Estado sea quien se haga cargo.
Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres, señaló que las mujeres criminalizadas por el delito de aborto son jóvenes estudiantes que utilizaron un medicamento y se asustaron por alguna hemorragia y llegaron a los hospitales, donde se llamó al Ministerio Público y bajo tortura les sacaron la confesión; ante ello es importante entender que la criminalización no significa la cárcel. “No tiene que ver con un tema de legislación, sino que se cumpla lo que ya existe y, en todo caso, se elimine como delito el aborto en el ámbito nacional”.
El especialista en derecho, Jaime Abraham Tamayo Gómez mencionó que más que defender una amnistía es necesario un indulto personal; es decir, que se estudie caso por caso y se analice exhaustivamente la Ley de Víctimas, porque sin reparación del daño no hay justicia reparativa.
El experto en justicia transicional, Jorge Carlos Peniche Baqueiro, afirmó que la amnistía al igual que otras figuras como el indulto significan la extinción de la responsabilidad penal y éstas no equivalen a impunidad siempre y cuando se garantice la reparación del daño y la no repetición por violaciones graves a derechos humanos ocurridas de formas sistematizada.
La representante de la Asociación Equis-Justicia para las Mujeres, Natacha Lopvet, apuntó que si se garantizaran los derechos humanos no habría necesidad de una Ley de Amnistía. Añadió que si se tomara en cuenta el debido proceso, el 99 por ciento de las mujeres en prisión serían liberadas; además, solicitó a los legisladores incluir a los extranjeros, que son doblemente castigados por no conocer la cultura y el sistema de justicia.
El presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada AC, Raúl Sapien Santos, puntualizó que la amnistía no es una llave mágica y debe estar acompañada de estrategias en derechos humanos y de reinserción social. Agregó que es fundamental informar a la sociedad cuál será el total de personas que tendrán acceso a esta ley. “El sistema penal está en crisis; no hay estrategias de prevención del delito, sigue sin haber una cultura de la legalidad y de respeto a los derechos humanos”.