La Ley de Seguridad Interior viola los derechos humanos de la población y legaliza la militarización del país en favor de naciones extranjeras, coincidieron senadores y académicos reunidos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
En el seminario “Ley de Seguridad Interior”, reflexionaron sobre las inconsistencias de esta ley, que ya está en vigor y permite al Ejército actuar, aunque el Ejecutivo federal afirmó que no la aplicará.
Pedro Salazar, director del IIJ, expuso que desde su aprobación (en diciembre de 2017), y hasta la fecha, han sido interpuestas ocho controversias constitucionales debido a los riesgos que representa, por lo que dicho documento será revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Con la estrategia militar para combatir al crimen, la violencia no sólo no ha disminuido, sino que ha aumentado… Tanto el proceso legislativo, como su resultado (la promulgación), abonan en el terreno de un Estado autoritario de derecho”, dijo en el auditorio Héctor Fix-Zamudio, del IIJ.
El especialista recordó que el principal temor respecto a la nueva legislación es que se abandone la ruta de las instituciones civiles de procuración de justicia y se consolide la política de la militarización.
A su vez, John Ackerman, investigador del IIJ, precisó que la Ley de Seguridad Interior implica que nuestro país se encuentra en un golpe de Estado silencioso, que replantee la política impulsada por Lázaro Cárdenas, quien despolitizó a los militares e institucionalizó las fuerzas armadas.
Desde 2002, prosiguió, el país forma parte del Comando Norte, un perímetro de seguridad de Estados Unidos, por lo que la aparente confusión entre la defensa nacional y la seguridad interior responde en realidad a cumplir con los compromisos adquiridos con EU.
A su vez, la senadora por el PAN, Marcela Torres Peimbert, expuso que más allá de los escasos resultados que la intervención militar ha tenido, lo cierto es que su efecto ha derivado en violaciones a los derechos fundamentales de las personas por parte de algunos elementos: detenciones arbitrarias, ejecuciones, desapariciones, tortura, trata de personas, desplazamiento forzado y abuso de migrantes.
“En promedio se han movilizado 133 mil efectivos de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior… actualmente hay nueve cárteles presentes en México, que abarcan 23 entidades federativas, y 2017 ha sido el año más violento de las últimas dos décadas, con 23 mil 101 homicidios en total. Mientras que el gasto público ejercido en funciones de justicia de seguridad interior ha ido al alza en la última década, con 1.8 billones de pesos”, precisó.
Ante un escenario electoral como el que se vive actualmente, este tema debe ser clave, añadió Torres Peimbert, pues quien encabece el siguiente gobierno federal debe construir una verdadera política de seguridad nacional.
La senadora por el PRD, Angélica de la Peña, dijo que actualmente se tienen problemas debido a que los gobernadores no constituyen sus fuerzas policiacas, ni apoyan en este ámbito a sus municipios.
“El resultado es que las fuerzas armadas hacen las labores de seguridad pública, sin que se disminuyan los delitos. Al finalizar el gobierno de Calderón había 10 entidades con seguridad militar, hoy son 28, con miles y miles de personas desaparecidas, desplazadas, miles de violaciones a los derechos humanos y un incremento en los niveles de violencia que no se veían desde hace muchos años”.
El senador por el PT y Morena, Manuel Bartlett Díaz, precisó que la Ley de Seguridad tiene su origen en la iniciativa Mérida, un acuerdo inconstitucional suscrito por Bush y Calderón, en donde se estipula que EU asesora a México y ofrece recursos para comprar armamento, dándole derecho al vecino del norte de vigilar lo que hacemos los mexicanos.
“Estados Unidos ha considerado que la única forma de mantener la seguridad de sus empresas es la militarización de México, y que la policía sea la marina o las fuerzas armadas, por lo que es necesario quitar a los policías municipales sus armas”.
En su oportunidad, el senador independiente Alejandro Encinas indicó que esta ley representa una “tentación” para las fuerzas armadas, que pueden cometer más violaciones a los derechos humanos.
“Hoy las víctimas son dirigentes sociales, políticos, candidatos… Es una ley que da cuenta de la debilidad del Estado. Esperemos que no quiera utilizarse para impedir que se respete la voluntad de la población en el país”, reflexionó.
Finalmente, los asistentes estimaron necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional esta ley, de lo contrario será evidente que dicho órgano actúa en favor del Ejecutivo y no de la población en general.