CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) señaló a los congresos locales de no hacer nada por detener el abuso en el ejercicio de los recursos públicos, pues 17 gobiernos de los estados gastaron más de lo presupuestado en 2018.
“La complicidad legislativa crea el peor escenario”, acentuó en su análisis del Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG) 2019, dado a conocer este martes.
Señaló que los diputados no usan sus facultades para emitir opiniones respecto al ejercicio del gasto y no llaman a comparecer a los secretarios de Finanzas para justificar las variaciones excesivas.
En 90 rubros de gasto se identificaron variaciones superiores al 1,000%, apuntó el organismo dirigido por Manuel Molano.
Refirió que si bien 17 entidades gastaron más de los recursos presupuestados, 13 de ellas desembolsaron 15% más de lo asignado para 2018.
Entre ellos se encuentran Campeche, con 337%; Jalisco, con 165%; Colima, con 161%; Guanajuato, con 147%; Sinaloa, con 142%; Veracruz, con 93%, y Morelos, con 65%.
El Imco refirió en un comunicado que Guerrero ejerció en ceremonias oficiales 1,899 veces lo aprobado en 2018 y Sinaloa gastó siete veces su monto presupuestado para la compra de vehículos de transporte durante el primer trimestre del año, pero fue superior en 23 veces al finalizar los 12 meses.
Puebla gastó 48 veces lo presupuestado en los primeros tres meses, pero al cierre del año ejerció 453 veces lo aprobado por su Congreso, mientras Tlaxcala gastó 85 veces lo presupuestado originalmente para la compra de mobiliario (equipo de cómputo, estantes, escritorios, entre otros).
Durante el primer trimestre, el estado de Chihuahua gastó 72 veces el presupuesto aprobado para la adquisición de maquinaria y equipo agropecuario, industrial y de construcción.
Así, señala, los congresos siguen sin frenaron esta mala práctica porque no han regulado sus propias atribuciones para aprobar o negar las modificaciones al presupuesto realizadas por las secretarías de Finanzas.
Además, los diputados locales hacen poco o nulo uso de su facultad de emitir opiniones sobre los informes trimestrales de gasto que las secretarías de Finanzas les remiten y tampoco exigen la comparecencia de las autoridades que gastan más de lo aprobado, lamentó el Imco.