En las comunidades se reportan fuertes impactos negativos por la minería, y a pesar de ello, el marco regulatorio, incluso de derechos humanos, no está a la par de la problemática.
Por ejemplo, por esta industria hay tala excesiva de vegetación, pérdida de biodiversidad y perturbación del entorno, que van en detrimento del ambiente; en términos sociales, se persigue y criminaliza a dirigentes y defensores ambientales, hay desplazamiento forzoso de comunidades y aumenta la desigualdad y violencia, subrayó.
En el ámbito económico, hay marginación y se pierden actividades productivas tradicionales, como la agricultura. Todo ello sin contar las afectaciones a la salud de la población debido a la liberación de metales pesados.
La universitaria expuso que en México hay un aumento constante de los proyectos mineros, y en la última década se ha incrementado el número de conflictos relacionados con el sector, así como el asesinato y persecución de defensores ambientales, muchos de ellos indígenas.
Según datos de la Secretaría de Economía, en 2010 estaban registrados 677 proyectos, y para 2017 ya eran más de mil 500, lo que implica mayor presión para los recursos naturales. “Antes de continuar por ese camino, se debería tomar en cuenta que México atraviesa por la mayor crisis ambiental de su historia. Debemos cuidar los recursos y la soberanía hídrica del país, pues en menos de una década 130 acuíferos pasaron a tener déficit”, alertó.
En la actualidad “regalamos y contaminamos los recursos o bienes de los que dependen cientos de comunidades indígenas, campesinas y urbanas, para el enriquecimiento de los magnates del país”, dijo.
Bajo aporte a la economía nacional
Al respecto, Beatriz Olivera, integrante de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, detalló que desde 2015 el aporte que hace la minería a las finanzas públicas de México es de menos del uno por ciento; en 2018 contribuyó con 0.56 por ciento de los ingresos que recaudó el Estado.
“Se dice que esta actividad es palanca de desarrollo nacional, pero la industria extractivas genera 0.66 por ciento del empleo asegurado del país; en 2016 fueron sólo 120 mil puestos, y buena parte de ellos operan bajo outsourcing”.
En los centros productores de oro, casi 50 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza, y al 55 por ciento no le alcanza para adquirir la canasta básica alimentaria; en los centros productores de plata este último porcentaje se eleva a 65 por ciento. En tanto, a la exploración y explotación de minerales corresponde sólo 0.9 del producto interno bruto.
Rodolfo García Zamora, director de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, expuso que ese estado, con la experiencia de cinco siglos, puede constatar que la minería no es un motor de desarrollo, sino un factor de destrucción de los territorios y de las comunidades.
“La minería implica mucha riqueza para los poderosos, pero pobreza, explotación, desigualdad y ecocidio para las comunidades. Afecta radicalmente las economías locales y regionales; las grandes corporaciones se convierten en auténticos gobiernos en esos territorios, y los gobernadores en sus lacayos. Ante ese panorama, el marco legal institucionaliza el despojo y los conflictos”, concluyó.