Ciudad de México.- En el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el modelo laboral de control y simulación, basado en premios y castigos para las organizaciones sindicales, quedó atrás, y con la Reforma Laboral promulgada el pasado 1 de mayo inicia la nueva etapa de democracia sindical y de justicia laboral que revolucionará la vida de millones de trabajadores.
De esta manera, la autoridad laboral protege, reconoce y vigila los derechos de las y los trabajadores, mismos que fueron obtenidos por medio de luchas obreras y conquistas laborales del pasado y que, con anterioridad, no se respetaban plenamente, lo que impedía el acceso a un Estado de Derecho y una justicia laboral imparcial.
“Durante décadas, nuestro modelo laboral estuvo basado en el control y la simulación. El gobierno participaba en la vida interna de los sindicatos, cohibía la libre organización de los trabajadores, premiaba o castigaba a dirigentes, retrasaba la resolución de juicios y solapaba la existencia de contratos de protección”, se reconoce en el informe de labores del primer año de ejercicio de la actual administración.
Pero el cambio central en esta situación es la Reforma Laboral, que transforma el modelo de impartición de justicia y por ello su relevancia histórica es indiscutible, reivindica los derechos de libertad, representatividad y democracia en el mundo del trabajo, y crea mecanismos de justicia y transparencia apegados a un auténtico Estado de Derecho.
La aprobación de las leyes secundarias permitió tener un auténtico instrumento para hacer llegar la democracia al ámbito sindical, a través del voto personal, libre, directo y secreto de los liderazgos sindicales, en donde es necesario el respaldo y una auténtica representatividad de las y los trabajadores, lo que contribuirá a que la negociación colectiva y el diálogo social se tomen en serio, y que sean la vía idónea para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
La creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral permitirá que las tomas de nota y los registros sindicales no sean herramientas para castigar, premiar o condicionar apoyos, sino meros trámites administrativos regidos por procedimientos claros, públicos, expeditos e imparciales. Además, junto con los centros de conciliación locales, tendrán la tarea de procurar que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo razonable, en plazos breves, sin recurrir a las instancias judiciales.
Adicionalmente, la reforma corrige una excepcionalidad anacrónica: las juntas de conciliación y arbitraje, encabezadas por el Poder Ejecutivo, ya no se dedicarán a impartir justicia laboral, y como sucede en el resto de las materias, esta recaerá exclusivamente en el Poder Judicial. El cambio es estructural, ya que permitirá que los procedimientos sean ágiles y privilegien la oralidad.
El nuevo modelo de justicia laboral comenzará el próximo año en 10 entidades federativas. De esta manera, en los siguientes meses y años, la vida laboral de millones de trabajadores se verá transformada.
Esta profunda transformación no ha impactado las dinámicas de los factores de la producción. Al cierre de junio, sólo existen 12 huelgas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y ninguna de ellas estalló durante el presente gobierno. Además, se han emitido 81 constancias de registro a nuevas organizaciones sindicales; se han expedido 387 constancias de actualización de Comités Directivos; y de 60 actualización de reformas estatutarias.
Actualmente existen 3 mil 662 organizaciones sindicales vigentes. Se han registrado 385 nuevos contratos colectivos de trabajo en la JFCA, con los cuales se ampara la relación laboral de 38 mil 692 trabajadores, 16.1 % más que en el mismo periodo de la administración anterior.
De esta manera, la vida sindical crece y con la cabal implementación de la reforma laboral, que se apoya en el principio rector del Plan Nacional de Desarrollo, que refiere a que, Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie, garantiza a las y los trabajadores el respeto a sus derechos por parte de la autoridad responsable.
