El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera, sostuvo que la casa de estudios toma medidas para atender las denuncias de violencia de género.
Durante su mensaje a la comunidad universitaria con motivo del tercer informe de actividades de la administración 2017-2021 de la UAEM, el rector aseveró que “los comportamientos que lastiman y dañan la dignidad y la vida deben ser erradicados y dejar su lugar a nuevas comprensiones y formas de relacionarnos: más justas, amorosas y responsables; para ello, necesitamos un cambio profundo, necesitamos reeducarnos todos y todas”.
Llamó a los universitarios a escucharse y militar en la causa de la tolerancia. “Esto no quiere decir que debamos olvidar los delitos o las conductas indebidas, simplemente debemos recordar que las leyes y nuestra normatividad están hechas precisamente para evitar la violencia y garantizar un clima de respeto y justicia”.
Por ello, subrayó Barrera Baca, “desde 2018 separamos de su cargo a 16 maestros involucrados en denuncias graves y cuatro más renunciaron por la vergüenza de su pésima conducta”.
Indicó que ante los reclamos contra la violencia de género detonados por lo ocurrido en la Facultad de Ciencias de la Conducta, “hemos respondido como los universitarios lo sabemos hacer, escuchando con atención, abriendo canales de diálogo, atendiendo las legítimas demandas de las comunidades universitarias y actuando contra los acosadores”.
Indicó que hasta el viernes 28 de febrero, se llevaron a cabo seis despidos, siete suspensiones, cuatro denuncias ante el Ministerio Público y una reunión con la policía cibernética.
Abundó que de las protestas expresadas mediante los tendederos o en las asambleas se han recabado 107 exigencias de atención sobre violencia de género; de ellas, 49 señalan el nombre de personas en particular o en colectivo y sobre las cuales, en los próximos días, se darán a conocer las decisiones, acordes a la gravedad de cada una de las demandas.
Agregó que se brindará acompañamiento y atención psicológica a las alumnas afectadas, con la finalidad de que superen sus afecciones y conviertan su indignación en soluciones legales que garanticen su seguridad e integridad en los espacios universitarios.