CIUDAD DE MÉXICO.- A dos años de la entrada en vigor de la Ley General de Desaparición y con la nueva cifra oficial de desapariciones, es urgente hacer un balance de los compromisos, lo que se ha logrado y de lo mucho que falta por hacer, pues hoy por hoy, nuestros seres queridos siguen sin regresar a casa y las desapariciones continúan.
El pasado 6 de enero, la Secretaría de Gobernación, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración y la Comisión Nacional de Búsqueda, dieron a conocer una nueva cifra oficial sobre el registro de desapariciones: 61 mil 317 personas desaparecidas. Esta cifra, 50% mayor con respecto a la cifra oficial anterior, es resultado de una revisión que contempla a algunas personas que hasta ahora habían sido omitidas de este doloroso conteo, y aunque es sin duda un avance en cuanto al reconocimiento de la gravedad de la crisis de desapariciones en México, también visibiliza el largo camino que falta recorrer.
Como Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDMX), seguimos demandando el cumplimiento de la Ley en todos sus aspectos. Hemos luchado por la creación de la estructura necesaria para la búsqueda en vida y la identificación forense de nuestras personas desaparecidas, que nos ha llevado a crear 25 fiscalías especializadas en desaparición, 22 Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas a nivel estatal, 29 Comisiones Locales de Búsqueda (de las cuales solo 7 tienen un Consejo Ciudadano) y la aprobación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) a finales del año pasado.
Sin embargo, no olvidamos que hace un año, en la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda, el Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador prometió recursos suficientes para que la Ley opere y se armonice en toda la República, y a la fecha aún hay 23 estados sin legislación local armonizada con la Ley General, siete no tienen fiscalía especializada, 28 no cuentan con ley armonizada de declaración especial de ausencia y tres siguen sin Comisión Local de Búsqueda.
Reconocemos la importancia de la incorporación de cada nuevo elemento y el esfuerzo para implementar la Ley en la Federación, sin embargo, la operación de este andamiaje aún no da resultados.
Por ello, hacemos un llamado urgente al Estado mexicano para atender de manera eficaz, responsable y comprometida las desapariciones en nuestro país. Es necesario que la búsqueda —con especial énfasis en la búsqueda en vida y la investigación como parte del camino para llegar a la justicia— conlleve la coordinación de todos los niveles de gobierno, que todos los recursos del gobierno federal sirvan para encontrar a nuestras personas desaparecidas, que haya trabajos coordinados para la implementación y correcta ejecución a nivel estatal y federal de la Ley General de Desaparición y que se consolide el funcionamiento del MEIF.
La respuesta estatal debe estar a la altura y en proporción de la gravedad de esta problemática para garantizar el acceso a la verdad y la justicia, y así, las familias de México y Centroamérica podamos tener pronto a nuestros familiares de vuelta en casa.
