El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, afirmó que la Ley de Seguridad Interior es contraria a la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos y no beneficia directamente a la población ni a los elementos de las Fuerzas Armadas.
“El articulado de la Ley de Seguridad Interior (promulgada por el Ejecutivo federal en diciembre pasado e impugnada por diversas instancias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación) es contrario al contenido y esencia de la reforma de 2011”.
González Pérez abordó el tema ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, al presentar su informe anual de labores, correspondiente a 2017.
Sostuvo que esa Ley “genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, además de afectar el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre la Federación y los estados, las instituciones, órganos del Estado y Poderes”.
Recordó que uno de los argumentos para promover y fundamentar la Ley de Seguridad Interior fue la necesidad y conveniencia de dar certeza a la población y a los miembros de las Fuerzas Armadas, sobre la actuación del ejército en tareas de apoyo a la seguridad pública.
Sin embargo, “la simple lectura de la ley, en sus términos actuales, permite advertir que no reporta ningún beneficio directo a las personas ni a los elementos militares que intervienen y arriesgan su vida en esas tareas”, comentó el funcionario.
Consideró que dicha legislación posibilita, sin parámetros objetivos ni las debidas garantías de transparencia y rendición de cuentas, “que el Ejecutivo federal pueda ordenar discrecionalmente la intervención de las Fuerzas Armadas e incidir en el ámbito de libertades y derechos de las personas, por cuestiones imprecisas y de subjetiva interpretación, como preservar el desarrollo nacional o el Estado de derecho”.
González Pérez subrayó que la acción de inconstitucionalidad que la CNDH presentó, ante la SCJN, en contra de la Ley de Seguridad Interior, de ninguna manera busca atacar a las instituciones o debilitar el Estado de derecho, ya que es un recurso que brindan las instituciones y las leyes.
“Propusimos que se construyera ese marco de análisis y discusión, en un ejercicio con la sociedad civil, academias y las propias Fuerzas Armadas. Esa ausencia favoreció que hayamos impugnado su constitucionalidad (de la Ley de Seguridad Interior)”, manifestó.