La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) reitera su rechazo a la denominada y recién aprobada “Ley Garrote” en el Estado de Tabasco, ya que protege los intereses y negocios del partido Morena, que sólo quieren defender jugosos negocios que les darán mucho dinero.
La DNE integrada por Ángel Ávila, Karen Quiroga, Adriana Díaz, Fernando Belaunzarán, Camerino Márquez, Estephany Santiago y Arturo Prida, señaló que la presidenta del partido Morena Yeidckol Polevnsky se equivoca al decir que la reforma sirve para evitar chantajes y sabotajes por la construcción del proyecto de la refinería de dos bocas
“Es una total y absoluta incongruencia, ya que muchos de los que ahora están en ese partido fueron los que realizaron plantones y movilizaciones por muchos años y queda claro que el dinero fue lo que movió a los legisladores para que aprobaran esa reforma al Código Penal”.
Los dirigentes perredistas enfatizaron que es obvio que dicha Ley busca evitar protestas ante la inminente construcción de la Refinería Dos Bocas a iniciarse a principios del mes de agosto, obra que las organizaciones ambientales afirman que es imposible la construcción en ese lugar, ya que sería una catástrofe ecológica; además al momento se desconocen los estudios de impacto ambiental pues las adjudicaciones se han hecho de manera directa.
Agregaron que empresas de construcción de refinerías declinaron participar en ese y otros proyectos “la Ley de Garrote no es para defender a los ciudadanos, es para defender los negocios de Morena tales como la refinería de dos bocas, el corredor transístmico y el tren maya”.
Por tanto, mencionaron que “más claro ni el agua, el dinero es lo que los movió para hacer esas modificaciones constitucionales y ahora resulta que bloquear una calle tiene mayor pena que un homicidio o alguien acusado de violación en el estado de Tabasco”.
En ese sentido, el PRD desautoriza en todos sus términos a aquellos diputados que votaron a favor de la “Ley Garrote” y hará todo lo conducente para presentar acciones de inconstitucionalidad en varios de los artículos de dicha reforma al Código Penal.
