Ley General de Movilidad y Seguridad Vial aprobada en lo general por 103 votos a favor, establece las bases y principios para garantizar el derecho de toda persona a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, aseguró la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre al fundamentar a favor del dictamen.
En tribuna, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo destacó que es momento de tomar acciones para proteger a los usuarios más vulnerables en las carreteras, caminos y calles del país. Es decir, a los peatones, ciclistas y motociclistas, que de acuerdo con informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) son la mayoría de las víctimas de siniestros.
Para ello, dijo, es necesario que se destinen recursos presupuestarios para construir la infraestructura dirigida a peatones y para todos los usuarios de los distintos tipos de transporte sustentable.
“Es necesario impulsar una mejor regulación e invertir en el mejoramiento continuo de los vehículos de las distintas modalidades de transporte público”, apuntó.
Para reducir las víctimas de accidentes de tránsito, que de acuerdo con la OMS es de 1.3 millones de vidas perdidas y entre 20 y 50 millones de personas con traumatismos al año, Geovanna Bañuelos destaca que esta ley abona con el establecimiento de máximos de velocidad de circulación en avenidas y calles, así como la prohibición de que las personas conduzcan alcoholizadas.
Además, se establece el uso obligatorio del cinturón de seguridad; el uso de sillas de retención infantil y la obligatoriedad del casco para motociclistas.
“La Ley homologa los procedimientos y requerimientos para el otorgamiento de licencias de conducción en todo el país. Desde un enfoque que privilegia la seguridad sobre la recaudación”, explicó.
Geovanna Bañuelos lamentó que el modelo urbano utilizado en las últimas décadas en México se centró erróneamente en el automóvil particular como eje de la movilidad; por lo que es fundamental replantear cuál es la mejor alternativa para que las personas ejerzan plenamente el derecho humano a la movilidad y se proteja su integridad física.
La líder petista destacó que los percances viales cuestan a la mayoría de los países el 3% de su Producto Interno Bruto, lo que representa que las lesiones provocan pérdidas económicas a nivel individual y colectivo a causa de los costos del tratamiento y de la pérdida de productividad, así como por el tiempo que los familiares de las personas lesionadas deben invertir.
“Se estima que, en 2018, los siniestros viales en México tuvieron un costo total de entre 174 mil millones y 204 mil millones de pesos”, apuntó.
Ante estas cifras, Geovanna Bañuelos consideró obligación del Estado mexicano actuar para garantizar el bienestar a la ciudadanía, y reconoció que con la expedición de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, México avanza en el sentido correcto, al tomar como eje central al peatón, seguido de los vehículos no motorizados y el transporte público.
“En el Partido del Trabajo celebramos el impulso que han brindado a este tema las organizaciones de la sociedad civil; y queremos reconocer el arduo trabajo de las comisiones dictaminadoras que han llevado a la presentación de este dictamen, en particular de la senadora Patricia Mercado, que todos somos testigos del esfuerzo que imprimió a que el día de hoy podamos estar abordándolo”, concluyó.
