Ciudad de México.- El senador Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva, hizo un llamado a la Cámara de Diputados para que no modifique la minuta que envió el Senado de la República en relación con los llamados delitos graves, especialmente en el tema de feminicidio.
Al inaugurar las Audiencias Públicas para Integrar la Agenda Legislativa de los Derechos Humanos de las Niñas y las Mujeres en la antigua casona de Xicoténcatl, el legislador destacó que la igualdad es el tema fundamental de cualquier transformación.
Recordó que la Cámara de Senadores agregó, entre otros ilícitos, al feminicidio para ser considerado delito grave, medida que tiene un valor simbólico, operativo e institucional muy fuerte. Sería una mala señal si se baja del listado.
Se refirió al tema como una gran tragedia en el país. En años pasados han repuntado y no se advierte una curva de descenso. Se trata de una verdadera tragedia en materia de derechos humanos y de una situación muy crítica que debe prender todos los focos rojos, subrayó.
En ese sentido, pidió a los diputados reflexionar sobre el tema y estar atentos a las demandas de la sociedad. Como Presidente del Senado, dijo, he recibido varias comunicaciones y cartas de organizaciones de mujeres y de las familias de víctimas, que han tenido un rol muy importante en la batalla para que el feminicidio se siga considerando como un delito grave.
Más adelante, insistió en que una agenda progresista debe tener, como parte de su columna vertebral, la igualdad entre hombres y mujeres, y tomar decisiones profundas al respecto, porque, recordó las agendas legislativas no sólo se hacen de arriba para bajo, sino se construyen también de abajo hacia arriba, se nutren de la sociedad.
Refirió que México es probablemente el país con las mayores brechas de desigualdad en el continente Americano; somos desiguales prácticamente en todos los terrenos.
Por último, dijo que estos asuntos no deben posponerse, sino tomar decisiones sobre ellos para dar una dimensión histórica y transformadora al trabajo legislativo.
En su oportunidad, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, senadora Martha Lucía Micher Camarena, aseguró que es necesario impulsar una agenda legislativa que armonice los lineamientos que dicta ONU Mujeres en materia de autonomía física, económica y toma de decisiones, con la igualdad legal, sustantiva y de resultados.
Dijo que se debe tomar como base dicha agenda, a efecto de garantizar pleno acceso a la salud, la justicia y seguridad de las mujeres. “Si logramos cruzar las tres igualdades, con las tres autonomías, vamos a tener un resultado significativo”.
Tenemos que ver cómo vamos a armonizar todo eso. Tal es el propósito de estas audiencias: que nos enseñen, nos muestren sus inquietudes y nos digan hacia dónde tenemos que enfocar nuestras acciones. Queremos la igualdad en las oportunidades, en el trato y, el derecho a no ser discriminadas. Es lo que nos mueve todo el tiempo, concluyó.
El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa manifestó que el feminicidio también debe ser considerado delito grave, con prisión preventiva oficiosa, ya que se está hablando de una muerte violenta por razones de género.
Recordó que en este debate hay varios procuradores que argumentan que es “ocioso” tipificar así este delito, porque dicen que ya existe el homicidio, y por lo tanto, no hay razón de ser del feminicidio. “El PRD será inflexible en este punto, porque no encuentro la razón para que dijéramos que se comete un exceso”, concluyó.
Belén Sanz Luque, Representante de ONU Mujeres en México, resaltó que es la primera Legislatura en paridad de género. “Esperamos que sea un periodo en el cual se acelere aún más la revisión de normas discriminatorias y avanzar en normas que permitan tener resultados concretos”. Reconoció, además, los avances en la legislación federal para proteger y garantizar el goce y derechos de las mujeres y niñas mexicanas.
Recordó el compromiso de México con la Agenda para el Desarrollo Sostenible, en la que una de las metas más importantes es la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, y la no discriminación de ningún tipo. México, agregó, es un aliado de Naciones Unidas para garantizar que se avanza en las normas internacionales para la igualdad de género.
Sanz Luque manifestó su disposición a colaborar en una agenda legislativa que garantice el pleno goce de los derechos económicos, sociales, civiles y políticos de las mujeres y niñas mexicanas. Respaldó la recomendación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) para reformar el artículo 73 constitucional para que el Congrego apruebe un código penal nacional, que regule los asuntos penales con inclusión de todos los delitos y sanciones, o se establezca una ley penal general que garantice los derechos de las mujeres.
El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, aseguró que México tiene una deuda pendiente con los derechos humanos de las mujeres y con la construcción de la igualdad de género. “Las cifras de asesinatos crueles al amparo de la impunidad así lo dictan”, indicó.
“En nuestro país el año anterior fueron asesinadas, en promedio, nueve mujeres cada día. Los delitos de violencia, acoso, hostigamiento y discriminación contra ellas se acumulan y los esfuerzos desplegados hasta la fecha para acabar con la impunidad y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia son insuficientes”, aseguró.
En materia de prisión preventiva oficiosa, González Pérez recalcó que el problema es que en cerca de 10 años no se capacitó ni profesionalizó a los operadores del sistema de justicia. Por ello, culpables podrían quedar en libertad. Falta que lo avanzado en el terreno legislativo se concrete en la implementación de políticas públicas eficaces.
Coincidió en que se debe lograr el Código Penal Único para abonar a una mejor legislación.
El secretario ejecutivo del Sistema Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Ricardo Antonio Bucio Mújica, reconoció que se necesitan mecanismos legales y no solo políticos, o de carácter interinstitucional para regular las acciones conjuntas que realizan las instituciones públicas.
Para ello, propuso establecer conjunto con la Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara de Senadores, una agenda de acciones para reforzar y mejorar las condiciones de las niñas, niños y adolescentes en México.