Es prioritario incrementar el número de inspectores ambientales, particularmente en Nuevo León, a fin de que puedan desempeñar de manera óptima las labores de verificación de los niveles de emisiones de contaminantes de las industrias, expresó el senador Víctor Fuentes Solís.
Por lo anterior, el legislador de Acción Nacional pidió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente detener el recorte de inspectores en esa entidad federativa y que incremente, de manera proporcional, el número de elementos para estas revisiones ambientales.
Fuentes Solís también solicitó a esa Procuraduría que destine los recursos técnicos y humanos, en las 32 entidades federativas, para cumplir con las inspecciones de cuidado y protección de los ecosistemas.
En el punto de acuerdo, que se turnó a la Primera Comisión de la Permanente, expuso que la PROFEPA cuenta con apenas 10 inspectores en Nuevo León, encargados de vigilar las emisiones de la industria regulada por la Federación que, de acuerdo con el inventario estatal, son las que más contaminan el aire.
De 2018 a 2022, los inspectores federales acreditados tuvieron una reducción del 11.65 por ciento, pues pasaron de 489 a 432 a nivel nacional, según datos publicados a través de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Lo anterior, explicó el senador, se debe a que la institución sufrió un recorte de personal en todas sus áreas y de los veinte inspectores con los que contaba sólo quedaron la mitad para atender las denuncias y llevar a cabo las labores en toda la entidad.
Refirió que la industria química y del vidrio en Nuevo León son las responsables de 30 por ciento de las emisiones de partículas pequeñas de 2,5 micrones o menos de diámetro y, de acuerdo con la PROFEPA, el municipio de Cadereyta aporta 80 por ciento del dióxido de azufre y el 16 por ciento de las partículas mencionadas, las cuales provienen del sector petrolero y la petroquímica.
En ese sentido, Víctor Fuentes también pidió al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, a que remita al Congreso de la Unión un informe detallado que comprenda del año 2017 a la fecha, sobre las empresas que emiten mayores contaminantes atmosféricos en Nuevo León.