Lázaro Cárdenas, Mich.- La Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), informó la incineración de más de tres toneladas de droga asegurada en distintos operativos realizados en Michoacán, como parte de las acciones de combate al narcotráfico y la delincuencia organizada.
De acuerdo con la Décima Sexta Zona Naval, durante las diligencias fueron destruidos aproximadamente 2 mil 603 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de 331 kilogramos de marihuana y alrededor de 556 kilogramos de diversos narcóticos, entre ellos metanfetamina en forma de clorhidrato, cannabis sativa y semillas de cannabis.
La dependencia precisó que una primera incineración se realizó en coordinación con la FGR, donde fueron destruidos aproximadamente 270 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 331 kilogramos de marihuana en las instalaciones de la Décima Sexta Zona Naval.
Asimismo, se brindó apoyo a la autoridad ministerial para la destrucción de diversos narcóticos y de equipo táctico, cámaras de videovigilancia, equipos de radiocomunicación y sellos fiscales relacionados con 21 carpetas de investigación.
En una segunda acción, efectuada en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), fueron incinerados aproximadamente 2 mil 333 kilogramos de clorhidrato de cocaína asegurados durante operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre desarrolladas en el estado de Michoacán.
Durante el procedimiento participaron autoridades navales y representantes de la FGR, quienes verificaron la destrucción total de los estupefacientes. Además, personal del Órgano Interno de Control de la Fiscalía supervisó que los procesos se realizaran conforme a la normatividad vigente, mientras que peritos confirmaron la identidad química de las sustancias destruidas.
La Secretaría de Marina indicó que la droga incinerada fue asegurada como resultado de las operaciones permanentes de vigilancia que realiza como Autoridad Marítima Nacional y señaló que estas acciones buscan debilitar la capacidad operativa y financiera de los grupos delictivos dedicados a la producción, transporte, distribución y tráfico de estupefacientes, además de impedir que estas sustancias lleguen a la población.