El gobierno federal abre la puerta al fracking “sustentable” para reducir la dependencia energética de México, una decisión que reactivó el debate ambiental, económico y político en el país.
La administración encabezada por Claudia Sheinbaum anunció el análisis para explotar gas natural no convencional mediante técnicas de fracturación hidráulica, bajo un modelo que, aseguró, incorporará tecnologías de menor impacto ambiental.
Durante la conferencia matutina del 8 de abril, el gobierno federal planteó un viraje respecto a la política energética del sexenio anterior, al señalar que no se trata de retomar el fracking tradicional, sino de explorar esquemas de “recuperación sustentable”, que contemplan reciclaje de agua, uso de sustancias biodegradables y menor consumo de recursos hídricos.
El objetivo central, de acuerdo con autoridades, es reducir la dependencia de importaciones de gas natural provenientes de Estados Unidos, que actualmente cubren cerca del 75% de la demanda nacional.
En este contexto, Petróleos Mexicanos (Pemex) proyecta iniciar pruebas piloto en 2027 y elevar la producción hacia 2030-2035, con un incremento significativo en la extracción de gas no convencional.
Sin embargo, el anuncio ha generado reacciones encontradas. Mientras analistas del sector energético consideran que el país podría aprovechar reservas estimadas en más de 140 billones de pies cúbicos, organizaciones ambientalistas y académicos advierten que los riesgos asociados al fracking persisten, incluso con nuevas tecnologías.
Entre las principales preocupaciones se encuentran el alto consumo de agua —en regiones con estrés hídrico—, la posible contaminación de mantos acuíferos, la emisión de gases de efecto invernadero y la sismicidad inducida por la inyección de fluidos a gran profundidad.
Más de 40 organizaciones civiles han señalado que el concepto de “fracking sustentable” carece de sustento científico, y han exigido una moratoria o prohibición definitiva de esta práctica en territorio nacional. Incluso dentro del propio partido en el poder han surgido voces críticas que recuerdan la postura histórica en contra de esta técnica.
El gobierno, por su parte, anunció la creación de un comité científico que evaluará la viabilidad técnica, económica y ambiental del proyecto en un plazo aproximado de dos meses, cuyo dictamen será determinante para definir el rumbo de la política energética en este rubro.
El debate se perfila como uno de los más relevantes en la agenda nacional, al involucrar tres ejes sensibles: soberanía energética, protección ambiental y la relación comercial con Estados Unidos.