México obtuvo un fallo favorable en un arbitraje internacional promovido por la empresa estadounidense Silver Bull Resources, con lo que quedó desestimada una reclamación que superaba los 315 millones de dólares presentada contra el Estado mexicano.
La Secretaría de Economía informó que el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo adscrito al Banco Mundial, resolvió por unanimidad a favor de México y rechazó en su totalidad las reclamaciones promovidas por la compañía minera.
El litigio fue iniciado en junio de 2023 bajo los mecanismos previstos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Silver Bull argumentó que, a través de su filial Minera Metalín S.A. de C.V., había adquirido diversas concesiones mineras en Sierra Mojada, Coahuila, y que desde 2019 enfrentó obstáculos para desarrollar un proyecto extractivo debido a un conflicto con una cooperativa minera local, situación que atribuyó al supuesto respaldo de autoridades locales.
Durante el procedimiento, el Estado mexicano sostuvo que las autoridades de Coahuila actuaron de manera razonable frente a un conflicto social entre la empresa y habitantes de la región. Asimismo, argumentó que varias de las reclamaciones presentadas se encontraban fuera del alcance temporal del TLCAN y que la compañía no contaba con la capacidad técnica y financiera necesaria para desarrollar el proyecto minero.
La resolución fue emitida el pasado 29 de mayo de 2026. El Tribunal concluyó que no existían elementos para acreditar que el Estado mexicano hubiera promovido el bloqueo del proyecto y determinó además que carecía de competencia para resolver el caso, por lo que desestimó completamente las reclamaciones de la empresa. También estableció que los hechos invocados por Silver Bull ocurrieron fuera del periodo susceptible de análisis bajo el TLCAN.
Como parte del fallo, el órgano arbitral ordenó a Silver Bull reembolsar a México una suma relevante por concepto de gastos y costos derivados del arbitraje.
La Secretaría de Economía destacó que esta decisión fortalece la certeza jurídica en materia de inversión internacional al confirmar los límites de las obligaciones asumidas por México en tratados internacionales y al establecer que los hechos controvertidos no eran atribuibles al Estado mexicano.
La defensa del país estuvo a cargo de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior, con el apoyo de firmas especializadas en litigios internacionales. El laudo arbitral se encuentra actualmente en proceso de revisión para proteger información sensible antes de su publicación oficial por parte del CIADI.