México pide a EU detener a Linda Cristina Pereyra, esposa de García Luna, para extraditarla

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La FGR la requiere por su probable responsabilidad en delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita; la solicitud permanece bajo análisis de las autoridades estadounidenses.

Guadalupe, Zacatecas, 4 de septiembre de 2026.– El Gobierno de México solicitó a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia matutina, realizada en Guadalupe, Zacatecas, la mandataria explicó que la petición deriva de una indagatoria iniciada tiempo atrás por la Fiscalía General de la República (FGR).

“Es parte de una investigación que viene desde hace tiempo de la Fiscalía General de la República”, declaró Sheinbaum.

La solicitud fue promovida por la FGR y tramitada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con fundamento en el artículo 11 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos.

Este mecanismo permite que, en casos urgentes, uno de los dos países solicite la captura provisional de una persona antes de presentar formalmente el expediente completo de extradición.

Hasta el 4 de septiembre, el requerimiento mexicano permanecía bajo estudio de las autoridades estadounidenses. Por lo tanto, Pereyra Gálvez no ha sido detenida ni Estados Unidos ha autorizado su extradición.

Pereyra es requerida por tres delitos

Linda Cristina Pereyra cuenta con una orden de aprehensión emitida en México desde 2023 por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, presuntamente estaría relacionada con una estructura en la que participaron más de 50 personas y mediante la cual se habrían celebrado 10 contratos “ilegales y abusivos” para el equipamiento de cárceles públicas federales.

La Fiscalía estima que estas operaciones ocasionaron un daño al erario por más de 5 mil 112 millones de pesos.

Las imputaciones deberán acreditarse ante los tribunales correspondientes y Pereyra Gálvez deberá ser considerada inocente mientras no exista una sentencia penal condenatoria en su contra.

Sentencia civil por mil 740 millones de dólares

El procedimiento de extradición es independiente de la demanda civil presentada en 2021 por el Gobierno de México en Florida para recuperar recursos presuntamente desviados mediante una red de empresas y contratos públicos.

En mayo de 2025, una jueza estadounidense ordenó a Linda Cristina Pereyra pagar al Gobierno mexicano mil 740 millones de dólares, mientras que García Luna fue condenado al pago de aproximadamente 748.8 millones de dólares.

En conjunto, las resoluciones civiles contra ambos ascendieron a más de 2 mil 488 millones de dólares, de acuerdo con información de la Unidad de Inteligencia Financiera.

La sentencia civil no representa una condena penal ni sustituye el procedimiento de extradición solicitado por las autoridades mexicanas.

México tendría 60 días para presentar el expediente

El Tratado de Extradición no establece un plazo para que Estados Unidos determine si ejecuta la detención provisional solicitada por México.

Sin embargo, si Pereyra Gálvez es capturada, el Gobierno mexicano tendrá un plazo de 60 días posteriores a su detención para presentar formalmente la solicitud de extradición y entregar los documentos que sustenten el procedimiento.

Si el expediente no es recibido dentro de ese periodo, deberá concluir la detención provisional, aunque México conservaría la posibilidad de solicitar posteriormente la extradición.

García Luna cumple condena en Estados Unidos

Genaro García Luna, quien encabezó la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, fue declarado culpable en Estados Unidos de participar en una empresa criminal continua, conspirar para distribuir e importar cocaína y rendir declaraciones falsas.

En octubre de 2024, un juez federal de Nueva York lo sentenció a 460 meses de prisión, equivalentes a 38 años y cuatro meses, además de imponerle una multa de dos millones de dólares.

México también ha presentado tres solicitudes formales para obtener la extradición del exfuncionario, quien permanece encarcelado en Estados Unidos.