En 2015 tuvieron un impacto de tres mil millones de dólares y es seguro que tal cifra suba por aumento de usuarios de internet
Debido a que México es el país más inseguro en cuanto a delitos derivados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) de entre los que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el diputado Jesús Valencia Guzmán exhortó al gobierno mexicano a adherirse al Convenio de Budapest Contra la Ciberdelincuencia.
Este Convenio es el primer tratado internacional, creado por el Consejo de Europa 2001, cuyo objetivo es enfrentar delitos informáticos a través de la armonización de leyes y cooperación entre países miembros.
Valencia Guzmán argumentó que el espectacular desarrollo de la tecnología informática en todo el mundo, particularmente en México, también amplió las posibilidades de la delincuencia y la impunidad a niveles impensables a través de la manipulación fraudulenta de computadoras, destrucción de programas o datos, y afectación indebida de la privacidad.
Es así que, por ejemplo, se cometen fraudes electrónicos, clonación de tarjetas, robo de base de datos, bloqueo de portales, jaqueo de cuentas de correo, pornografía infantil, “grooming” y “sexting”, entre otros, sin que las autoridades mexicanas puedan enfrentarlos porque carecen de un marco legal, recursos humanos e infraestructura adecuados para ello.
De acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA), el “ciberdelito” tuvo un impacto económico por cerca de tres mil millones de dólares tan sólo en 2014 y es muy probable que esta cantidad haya crecido cada año de entonces a la fecha por el vertiginoso desarrollo de las TIC´s y su creciente uso masivo a nivel mundial, incluido México.
Con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Jesús Valencia Guzmán, presidente de la Comisión de Derechos de la Niñez en la Cámara de Diputados, señaló que las personas de seis años o más usuarias de internet aumentó de 2006 a 2014 a una tasa anual de 12.5 por ciento.
Así, para 2014 había ya 47.4 millones de estos usuarios, equivalentes al 44.4 por ciento de la población, y para 2015 eran ya 62.4 millones, el 57.4 por ciento de la población.
El parlamentario perredista reconoció, desde luego, los grandes beneficios de las TIC´s a través de internet, telefonía celular y redes sociales, pero destacó igualmente sus costos y riesgos, como los que dan lugar a la ciberdelincuencia y su impunidad por falta de un marco legal adecuado y de personal capacitado.
“El delito informático –dijo- se puede definir como toda aquella conducta ilícita susceptible de ser sancionada por el derecho penal, consistente en el uso indebido de cualquier medio informático”.
Refirió que la OCDE lo define como cualquier conducta, no ética o no autorizada, que involucra el procesamiento automático de datos y/o la transmisión de datos, distribución de códigos maliciosos, robo de información, distribución y almacenamiento de pornografía infantil, acoso, extorsión, estafas comerciales y bancarias, entre otros.
Recalcó que la rápida difusión, el anonimato, la comodidad y la amplitud de alcance nacional y mundial facilitadas por las TIC´s permiten que los delincuentes aprovechen las mismas para llevar a cabo diversas actividades delictivas.
“Pero no sólo la cuantía de los perjuicios así ocasionados es a menudo infinitamente superior a lo que es usual en la delincuencia tradicional, sino que también son mucho más elevadas las posibilidades de que no lleguen a descubrirse. Se trata de una delincuencia de especialistas capaces muchas veces de borrar toda huella de los hechos”, advirtió.
Añadió que, como los delitos cibernéticos, por su misma naturaleza, no se limitan por fronteras ni barreras físicas que impidan su proliferación, la comunidad internacional ha establecido mecanismos de coordinación para hacerle frente, como el Convenio de Budapest.
Es necesario que México lo signe para cubrir sus deficiencias en esta materia, lo que implica la ampliación de su marco jurídico, la tipificación de delitos informáticos y la capacitación de agentes del Ministerio Público, policías investigadores y jueces.
Jesús Valencia pidió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión respaldar su planteamiento a través de una propuesta de acuerdo dirigido a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que inicie cuanto antes los trabajos para la adhesión de México a dicho Convenio.
