Los partidos políticos deberán destinar un presupuesto apropiado para contar con instancias internas que resuelvan denuncias de violencia política y no obtenerlo del 3% destinado al desarrollo del liderazgo político de las mujeres
Participa en el Foro “3 de 3 Contra la Violencia”
Las personas que tengan denuncias o hayan sido condenadas por violencia política en contra de las mujeres no podrán ocupar un cargo de elección popular, por lo que el reto es fomentar entre ellas la cultura de la denuncia para que sus derechos no se queden en letra muerta, afirmó la Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey.
Al participar en el Foro “3 de 3 Contra la Violencia”, coorganizado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en esa entidad, explicó los Lineamientos para que los partidos políticos nacionales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, “que tienen como fin elevar la calidad de representación de las personas que ocupan las candidaturas y generar un país libre de violencia para las mujeres”.
Ahora los partidos políticos están obligados a solicitar a las y los aspirantes a una candidatura firmar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se establezca que no han sido condenados o sancionados por violencia doméstica o familiar, por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal y no estar inscrito o tener registro vigente como deudor alimentario o moroso.
Acompañada de la Consejera del IEEPCO, Nayma Enríquez Estrada, de la Diputada Guadalupe Almaguer Pardo y del presidente del PRD en Oaxaca, José Julio Antonio Aquino, la Consejera del INE reconoció que el reto es fomentar la cultura de la denuncia. “Tenemos que dar a conocer a las mujeres que tienen estos derechos, que pueden defenderlos, que tienen que exigirlos porque si no se van a quedar en letra muerta”.
Se trata, dijo, “de elevar los estándares de la ética y responsabilidad pública, así como la generación de criterios de exigencia ciudadana hacia las autoridades que seamos más estrictas en quienes pueden acceder a esos cargos”.
Humphrey Jordan estableció que estos Lineamientos protegen a las mujeres en las entidades, ya que partidos políticos federales y locales están obligados a dar atención a las víctimas de violencia política en razón de género, siempre sujetándose al debido proceso y respetando y protegiendo los derechos de las mujeres.
En este sentido, precisó que las acciones o campañas que lleven a cabo los partidos políticos para la prevención y erradicación de la violencia política, deben contar con un presupuesto apropiado para las instancias internas que resuelvan denuncias de violencia política y no obtenerlo del tres por ciento destinado a capacitación, promoción, y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
Además de que contemplan acciones para la igualdad como la integración paritaria de los órganos intrapartidarios y comités, así como para garantizar que al menos el 40 por ciento del financiamiento público que reciben los partidos, sea destinado a las campañas de mujeres, al igual que los tiempos de radio y televisión.
En tanto, agregó la Consejera Humphrey, las autoridades electorales tendrán la obligación de revisar el registro de personas sancionadas por violencia política y una vez que se determine la causa, hacer un análisis para ver si la persona podrá o no ser postulada a un cargo de elección popular.
La Consejera Nayma Enríquez Estrada consideró que sin esta normatividad aprobada por las autoridades electorales, se estarían atomizando esfuerzos, por lo que aseguró que se aplicarán estas herramientas desde el IEEPCO.
“Qué pena que se tengan que construir todas estas herramientas de Estado. Qué pena que tengamos que hacer foros para pedirles que por favor entienda el colectivo de los varones que tienen que renunciar a la mitad del poder que no les corresponde”.
Destacó que espera que el Congreso de Oaxaca no olvide en el presupuesto que la agenda de la participación política de las mujeres en los sistemas normativos indígenas tiene que ser alcanzada de manera gradual en 2023, lo que requiere un trabajo serio, antirracista, interseccional y en lenguas indígenas.