El diputado Jorge Arturo Espadas Galván, secretario de la Comisión de Gobernación y Población, aseguró que no puede haber un sistema de protección efectiva para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, si las autoridades y este mecanismo no están articulados entre sí, por lo que se requiere respondan a un mismo objetivo.
Ello, agregó, implicaría un fortalecimiento de los perfiles de quienes integran los organismos del gobierno, las fiscalías y el mecanismo de protección, entre otros, así como un presupuesto acorde para que atiendan los asuntos que se les exige.
Durante la Mesa Técnica de Parlamento Abierto para la Dictaminación de la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en el Centro Cultural Tlatelolco y a la que asistieron representantes de estos sectores, puntualizó que la impunidad es la mejor invitación que se le puede hacer a la delincuencia, por lo que “es tarea de todos combatirla”.
Señaló que se requiere fortalecer la capacidad de investigación del Ministerio Público, pues existen más de mil carpetas y alrededor de 18 agentes que las atienden. “Tenemos que reforzar desde los temas presupuestales, de capacitación de policías, así como generar una especialidad respecto a personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.
Tobyanne Ledesma Rivera, directora del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas en CdMx, manifestó que lo que se requiere es un paquete de leyes específicas, por lo que el reto legislativo es grande. “Se requiere de un marco nacional que establezca los criterios sobre agresiones”.
Puntualizó la relevancia de contar con protocolos especiales, así como fortalecer la prevención y atender el tema de la reparación integral a víctimas.
Omar Bello Pérez, presidente de la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos, lamentó la tardanza para acceder al sistema de protección, lo cual dura hasta varias semanas, por lo que enfatizó la urgencia de que haya una fluida vinculación. “Cuando yo, periodista, presento una denuncia ante la Fiscalía General de la República, en automático debe aplicarse un protocolo”.
Indicó que sólo ante casos especiales, el mecanismo de protección aplica medidas emergentes. Dijo que no hay confianza en las policías estatales y federales, por lo que los agredidos prefieren huir, además que antes de recurrir a la Guardia Nacional se debe ver si su funcionamiento es eficaz.
De Propuesta Cívica, Andrés Hurtado Cardozo afirmó que de continuar la impunidad y sin las debidas sanciones seguirán las agresiones, por lo que “no habrá botón de pánico, escolta o medida que funcione y garantice la protección de los periodistas”. Pidió que haya investigaciones eficaces y protocolos especializados.
Advirtió que no hay una fiscalía en términos de personas defensoras de los derechos humanos, ni criterios para que la Federación atraiga casos de agresiones en contra de activistas. Además, las amenazas son de fuero local y cuando vienen de parte de servidores públicos las denuncias no progresan.
Puntualizó que no existen cifras claras en materia de delitos contra este sector respecto de las carpetas que se han abierto, el seguimiento y el trato que dieron los ministerios públicos.
Yunuhen Rangel Medina, relatora por el Derecho a la Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, comentó que la articulación de la fiscalía y el sistema de protección es una necesidad “humanitaria y urgente”.
Dijo que falta la creación de mapas de riesgo, análisis de los contextos, eliminación de leyes regresivas o “garrote”, y la capacitación en derechos humanos por parte de los servidores públicos, además que se requiere de voluntad política y dotar de los recursos políticos y económicos.
Irene Tello Arista, directora ejecutiva de Impunidad Cero, dijo que deben analizarse a todas las instituciones implicadas, pues de lo contrario, a pesar de una nueva ley, poco se podrá hacer. Dijo que las líneas que usa el mecanismo de protección –botones de pánico- son recicladas, por lo que comúnmente se reciben llamadas buscando a otras personas.
Solicitó revisar el funcionamiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y ver la manera en que se harán los cambios en modelos de policía y a diversas leyes.
Gerardo Albarrán de Alba, del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, mencionó que de lo que se trata es de perfeccionar y reforzar a las instituciones que sí funcionan y recuperar las que por corrupción impiden la procuración de justicia.
Propuso que los mecanismos de protección sean coadyuvantes de las investigaciones en casos de agresión, no sólo para darle seguimiento, sino para que ejerza presión sobre la fiscalía. Comentó que la función de la Guardia Nacional será sólo de “guardaespaldas” porque no tiene carácter de cuerpo de investigación.
Durante el encuentro, integrantes de colectivos criticaron la lentitud de las investigaciones, la implantación del sistema de protección, la falta de personal capacitado, la carencia de botones de pánico que sí sirvan y los pocos resultados de denuncias; además, coincidieron que de no aplicarse sanciones ejemplares y continuar con la impunidad, persistirán las agresiones.
