El diputado Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que es fundamental modificar la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para blindar la inversión pública y privada, en busca de que el país se vuelva más competitivo y alcance otros niveles de crecimiento económico.
Durante la presentación de las conclusiones del Foro Nacional en la materia, el legislador dijo que se debe tener una ley que garantice no caer en corrupción, y que logre impacto económico de corto y largo plazos al aumentar la competitividad.
Se pronunció por garantizar reglas claras, fomentar “el piso parejo para todos”, y la inclusión de pequeñas y medianas empresas. “Es el sector que mayor conexión con otros sectores genera; un peso de inversión en infraestructura tiene una derrama económica en muchos más sectores. Si hay algún sector adecuado para reactivar la economía, sin duda es éste”.
Añadió que la infraestructura se ha convertido en los últimos años en una fuente de corrupción que debe ser erradicada. Eso ha permitido obras abandonadas por todo el país, realizadas a la mitad o con sobrecostos, como el tren a Toluca “que costará casi tres veces de lo que se presupuestó, y hay más de 40 hospitales sin terminar”, lo cual ha evitado un mayor desarrollo. Por ello, uno de los criterios del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 fue, primero, terminar los proyectos inconclusos.
“Lo hemos hecho muy mal, no tenemos la infraestructura que nos merecemos y la causa es la corrupción”, subrayó.
Resaltó que se debe planear a largo plazo, ampliar el horizonte a 30 o 40 años, construir planes que den certidumbre a las siguientes generaciones. Es una oportunidad para hacer una gran contribución al desarrollo nacional con la Ley de Obra Pública y la de Planeación. “Modifiquemos el marco legislativo y tengamos la infraestructura que el país se merece”.
Expresó que las leyes deben elaborarse de manera abierta y transparente, escuchando a los involucrados, mediante un Parlamento Abierto, como éste.
Al hacer uso de la palabra, el diputado Ricardo Exome Zapata (Morena), presidente de la Comisión de Infraestructura, reconoció que éste fue un ejercicio abierto para enriquecer el debate en el sector que mejor refleja el desarrollo y el progreso: la infraestructura; en él participaron representantes de cámaras de la industria, colegios y asociaciones de ingenieros y secretarías, quienes externaron sus demandas para mejorar los procesos y la calidad de las obras.
Destacó la necesidad de modificar la ley para crecer como país, pues la infraestructura permite el desarrollo económico y social, necesarios para todas las regiones y representa la evolución del país, sus logros o rezagos, la capacidad o incapacidad de funcionarios encargados de planearla y ejecutarla y la visión de los gobernantes.
Agregó que es necesario el trabajo conjunto para redactar, analizar y discutir la iniciativa que se presentará al Pleno.
Al inaugurar el foro, el subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Cedric Iván Escalante Sauri, manifestó que este arranque permitirá llegar a una legislación más amigable, transparente y que contribuya al desarrollo regional, económico y social del país, “una legislación moderna que permita una ejecución de obra pública con procesos de contratación claros, transparentes, abiertos e incluyentes”.
Expresó que estos foros manifiestan preocupación por generar una ley que abarque a todos los actores que participan en su aplicación y ayudarán a conseguir mayor transparencia y contribuirán al combate de la corrupción, que se ha planteado como estrategia fundamental en la ejecución de la obra.
“Hacemos énfasis en la calidad total, que consiste en tener y disponer de mecanismos de planeación que permitan programar en el tiempo las acciones necesarias para cumplir los objetivos; contar con proyectos ejecutivos completos; procedimientos de construcción realistas, materiales adecuados, supervisión y control de calidad que se requiera y la necesaria rendición de cuentas a la sociedad”.
El diputado sin partido, Carlos Alberto Morales Vázquez afirmó que en México la inversión en este rubro es de 2.7 por ciento del Producto Interno Bruto, cuando organismos internacionales establecen que la mínima debe ser del 5 por ciento. “Debemos remontarla” pues este sector es la columna vertebral del desarrollo.
Explicó que en los próximos meses se desarrollará el análisis en mesas de trabajo con todas las demandas de los foros, analizar la incidencia en otras leyes y reglamentos y lograr un producto legislativo que sea instrumento de desarrollo para el país.
Dijo que los foros se efectuaron en cuatro ejes principales: planeación, transparencia, seguimiento y evaluación, y competitividad.
Manifestó que es indispensable tener planeación, con términos de referencia, proyectos ejecutivos y un Instituto de Planeación, para tener un banco de proyectos que permitan un crecimiento y desarrollo a largo plazo, a 20, 30, o 40 años y sea un instrumento que sirva a todos, y que se vinculen las leyes estatales a la federal para lograr una homogeneidad en el desarrollo de la infraestructura.
También, dijo, se requiere sistematizar todos los procesos, “vivimos en una era tecnológica y lo necesitamos”. Además, licitaciones públicas abiertas; fortalecer Compranet para desarrollar todo el proceso de obra, desde la convocatoria, el proceso de ejecución y, al final, definir o exhibir en los tiempos que se dio, si hubo incrementos de construcción o ahorros presupuestales.
Otra propuesta fue formar una unidad especializada en delitos de obra pública. Hay corrupción, señaló, pero se teme denunciar y no se genera esa cultura de denuncia, porque no son protegidos los constructores.
El reclamo más fuerte fue dar más impulso a las micro, pequeña y mediana empresas (Mipyme), y que se incluya a jóvenes empresarios, “que cuando quieren participar les piden requisitos que no pueden presentar. Necesitamos mecanismos para impulsarlos y construir nuestra infraestructura”.
Apuntó que en materia de financiamiento “estamos atorados” y que para reducir la brecha de que grandes empresas ejerzan el recurso de obra pública, se debe impulsar a las Pymes con mecanismos y convenios de financiamiento.
Se requiere dar seguimiento y evaluación de las obras, que haya una calificación de las concluidas, y también a los servidores públicos, para lo cual se propuso crear un servicio profesional de carrera en instituciones dedicadas a la infraestructura, agregó.
Al hacer uso de la palabra, David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación, refirió que el gasto aplicado a inversión pública es de 256 mil millones de pesos y se concentra en Petróleos Mexicanos, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Comisión Federal de Electricidad y el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Señaló que en las observaciones recurrentes en materia de obra pública, resultado de la fiscalización 2015 a 2017 se encuentran pagos improcedentes o en exceso; deficiencias en contratación; adjudicaciones fuera de norma; falta o adecuada aplicación de penas y sanciones por incumplimiento; incumplimiento de la normativa, que representan aproximadamente, 70 por ciento de lo observado históricamente.
Explicó que, de acuerdo con datos de la revisión de la Cuenta Pública 2017, hubo 135 auditorías a inversiones físicas y 207 al fondo de infraestructura; de los recursos transferidos a estados con fines de inversión pública y social, se tienen recuperaciones probables de ocho mil 900 millones de pesos.
Durante las más recientes revisiones de la Cuenta Pública, se practicaron auditorías a proyectos relevantes como el Tren Interurbano México-Toluca, ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara, el Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, y el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
En 2018 se consideran 136 auditorías a inversiones físicas, más 160 al Fondo de Aportación para la Infraestructura Social, destaca la construcción del Tren México Toluca, la ampliación de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, así como diversos proyectos de infraestructura de la Comisión Nacional del Deporte.
Asistieron a este acto, funcionarios de la SCT, especialistas y representantes la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, la Academia de Ingeniería de México; la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción; el Colegio de Ingenieros, la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles y del Colegio de Arquitectos de México, entre otros.
