En México, es necesario implementar medidas encaminadas a salvar empleos ante la contingencia por COVID-19; en esta tarea deben participar empleadores, trabajadores y gobierno, señaló Alfredo Sánchez Castañeda, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
De no actuar, “no se podrán disminuir las consecuencias graves que está ocasionando la epidemia”, advirtió el también coordinador del área de Derecho Social del IIJ al participar en el programa de TV UNAM, “La UNAM responde”.
Debido a la emergencia sanitaria, la actividad económica se ha detenido. En las últimas semanas se han perdido 350 mil empleos en el sector formal; y aunque del sector informal no se tienen datos, no se debe perder de vista que la mayoría de los trabajos se encuentran en la informalidad, advirtió.
De acuerdo con cifras de la Organización Internacional del Trabajo, en el último mes se perdió el equivalente de 95 millones de empleos en relación con horas-tiempo de trabajo, con una repercusión importante en las economías del mundo, que prácticamente están detenidas, refirió el universitario.
En México, las grandes empresas sólo emplean a 10 por ciento de la población económicamente activa; el 90 por ciento trabaja en empresas más pequeñas, en el sector informal, o son trabajadores independientes, y es ahí donde hay una gran afectación y un número incierto de puestos perdidos, abundó Sánchez Castañeda.
Tras resaltar que el trabajo en casa requiere comprensión por parte de todos, señaló que a pesar de los acuerdos para que las personas permanezcan en sus hogares y sigan recibiendo su salario, “las pequeñas empresas no tienen la capacidad de soportar ese pago”.
Asimismo, subrayó que a quienes deben seguir laborando se les deben garantizar las condiciones de higiene y salud.
Por último, destacó que no contar con un seguro de desempleo en el país está colocando a muchas personas en una situación precaria, incluso si cuentan con un trabajo formal. “Eso nos tendría que hacer pensar en una reforma en la materia en el largo plazo”.
