La presidenta del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, diputada Guadalupe González Suástegui (PAN), señaló que a 10 años de aplicar recursos etiquetados con perspectiva de género, es necesario un diagnóstico sobre inclusión e impacto de los programas que fomentan la igualdad entre mujeres y hombres, específicamente los del Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Por ello, se congratuló de que la Comisión Permanente aprobara su propuesta para que el Instituto Nacional de las Mujeres, en coordinación con las dependencias responsables de la implementación del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres (Proigualdad), analicen e incorporen en el Sistema de Evaluación del Desempeño, los indicadores de propósitos de planes presupuestarios que ejercen recursos etiquetados en el Anexo 13.
También, que generen indicadores de resultados e impacto que midan la contribución de los programas a la igualdad sustantiva de las mujeres y a la no discriminación, toda vez que el presupuesto etiquetado ha aumentado cada año, así como los ramos y los programas.
González Suástegui externó que este tipo de ejercicios servirá para que cada dependencia, desde sus facultades, realice una revisión de los indicadores y el impacto de los programas presupuestarios del citado Anexo.
Igualmente, ayudará a cumplir las recomendaciones derivadas de diferentes estudios, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) de la Cámara de Diputados.
A nivel federal, indicó, desde el año 2008 se realiza en el PEF la etiquetación de un anexo de manera transversal para la igualdad entre mujeres y hombres. Para este 2017, la Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto para el Anexo 13-Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, una importante cantidad.
Mencionó que de acuerdo al estudio “Análisis con perspectiva de género del Cuarto Informe Trimestral 2016 e identificación de los programas presupuestarios incluidos en el Anexo 13 del PEF y su avance Presupuestal” realizado por el CEAMEG, éstos presupuestos requieren plantearse con base en la comprensión de la situación diferenciada entre mujeres y hombres y su relación con las prioridades de política pública que se piense atender. Asimismo, se requiere observar la forma en que se aplican y utilizan los recursos públicos.
Se determinó que del total de los planes presupuestales del Anexo, que 73 dan atención a hombres y mujeres, 23 atienden solo a mujeres, 4 orientan acciones a la organizaciones de la sociedad civil como intermediarias, 2 a instancias de mujeres en entidades federativas, y 2 no proporcionan información suficiente para deducir a quién se orientan.
El Coneval calificó al Anexo 13 como valiosa herramienta de política pública que debe fortalecerse no sólo con recursos suficientes, sino incluyendo erogaciones que efectivamente tengan como propósito combatir la desigualdad, la discriminación y la violencia contra las mujeres.
Sugirió revisar el destino de erogaciones que se incluyen en el mismo, ya que si bien la mayoría tiene relación con la promoción de la igualdad de género, persisten dudas sobre otras. Es necesario verificar otras erogaciones de la Administración Pública Federal destinadas a los mismos objetivos que están fuera del anexo.
Recordó que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece el Sistema de Evaluación del Desempeño como el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar, con independencia de otros sistemas, una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos.
Lo anterior, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permiten conocer el impacto social de programas y proyectos, señalando que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público verificará periódicamente los resultados de ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, a fin de identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública Federal y el impacto social del ejercicio del gasto público.