CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Gobernación y Población, que preside la diputada Rocío Barrera Badillo (Morena), presentó las conclusiones del parlamento abierto en materia de protección de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos que busca reformar el mecanismo federal a fin de atender esta problemática y garantizar la libertad de expresión.
Señaló que es necesario fortalecer los actuales mecanismos legales que se tienen para proteger a periodistas y salvaguardar a las personas defensoras de los derechos humanos, porque el andamiaje vigente no garantiza la libertad de expresión.
Destacó que la comisión abrió siete foros de parlamento abierto y de toma de decisiones destinadas a enfrentar la deficiencia que vive este sector en México. Se busca atender los protocolos de protección, las medidas sociales, la prevención, las acciones reactivas del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como las actuaciones de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, principalmente.
Dijo que para lograrlo se requiere una visión transversal y por consecuencia una reforma integral. Se concluyó en los foros que es necesario mejorar la ley para la protección de estas personas junto con una agenda de libertad de expresión que implica reformar “más de una docena de ordenamientos legales”.
Barrera Badillo aseguró que la primera preocupación es cuidar la vida e integridad de quienes, por su actividad profesional, han recibido amenazas o sufrido atentados, por lo que fortificará el actual mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos sin emitir un nuevo ordenamiento.
Resaltó algunas de las conclusiones, como la de realizar adecuaciones específicas a los instrumentos jurídicos existentes y no crear una nueva ley; transitar hacia una coordinación en materia de protección a periodistas sin que implique un esquema de ley general; adaptar el catálogo de medidas con un enfoque intercultural y colectivo; garantizar la transparencia y rendición de cuentas y asegurar el presupuesto asignado para atender esta problemática.
La diputada Martha Tagle Martínez (MC) refirió que los análisis de estas reformas han tenido el tiempo necesario, lo cual ha generado una propuesta de modificación a doce leyes, las cuales en los próximos días serán presentadas ante el Pleno.
Fernanda Oceguera Espinosa de los Monteros, integrante del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, afirmó que este paquete legislativo no debe omitir la revisión de las leyes generales de Víctimas y la de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos para garantizar de forma eficaz la salvaguarda de las personas y se establezcan sanciones a los funcionarios que amenacen, agredan y desprestigien la labor periodística.
José Martínez Cruz, director general de la Primera Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, consideró fundamental el pleno reconocimiento de las personas defensoras de estos preceptos universales, pues el nivel de violencia contra ellos es alto y todo mundo puede estar en riesgo.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, indicó que con esta propuesta de ley ha llevado un trabajo de seis meses y cerca de 78 ponencias con el propósito único de garantizar la protección de las y los defensores de derechos humanos y periodistas.
A su vez, el diputado local de la Ciudad de México, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, expuso que la propuesta refleja claros vínculos entre la Federación, los estados, los municipios y las alcaldías. Indicó que ya analizan la cláusula de conciencia y el secreto profesional en el ámbito del periodista.
Por el Mecanismo de Protección de la Ciudad de México, Ricardo Pavón celebró estas conclusiones y refrendó su compromiso para seguir abonando a la discusión y construir mejores condiciones para las personas defensoras de derechos.
A nombre de Amnistía Internacional México, Norma González externó su preocupación por la deficiencia que hay en el mecanismo legal de defensa cuando se trata de darle un enfoque comunitario, por ello pidió fortalecerlo.
El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Daniel Zapico Alonso, mencionó que es un tema de Estado el garantizar los derechos humanos en México. “Es un tópico transversal y fundamental, ya que una democracia requiere de su defensa”.
El representante del Comité para la Protección de los Periodistas, Jan-Albert Hootsen, dijo que para lograr una defensa óptima de los informadores y activistas es necesario reformar la legislación en materia de procuración de justicia.
Nicolás Cruz Flores, representante del Club de Periodistas de México, comentó que para lograr una real protección de quienes se dedican a informar se debe modificar el artículo 73 de la Constitución.
Argentina Casanova Mendoza, representante del Laboratorio de Innovación Pública, mencionó que es importante que se descentralice este mecanismo de protección, a fin de garantizar la salvaguarda de los periodistas.
Irina Vázquez, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, detalló que el año pasado se detectaron, al menos, cinco casos de comunicadores comunitarios asesinados y encomió que se esté volteando a ver lo que pasa en el ámbito municipal.
De la Federación Internacional de Comunicadores, Horacio Durán pidió un combate total a la pobreza, que la educación sea un motor de progreso, acabar con la discriminación y que se reconozca la labor social de este gremio.
El periodista Jesús Medina Aguilar destacó que se estén impulsando las condiciones jurídicas para el libre desempeño de los comunicadores y de los defensores de derechos humanos. Además, dijo, la constante vigilancia de este mecanismo es vital para evitar la revictimización, discriminación y el bloqueo al acceso a la justicia.
Cecilia Real, de Provoces, refirió que este problema complejo es imposible atender con una solución sencilla. Se retomaron todas las preocupaciones presentadas en los diversos ejercicios de parlamento abierto y con ello se analizó un paquete integral para atender la problemática que atañe la libertad de expresión. Se identificaron más de una docena de mejoras en distintos ordenamientos, agregó.
Leopoldo Maldonado, subdirector de Artículo 19, aseguró que la participación de los interesados ha sido fundamental para perfilar los cambios legislativos que se requieren. Hay necesidad de hacer reformas en aspectos que son regresivos en materia de libertad de expresión. “Lo importante es generar las condiciones normativas que garanticen un robusto ejercicio de esta libertad y que no haya barreras normativas”.
