La Ciudad de México cuenta con una nueva Ley de Víctimas que parte del concepto de la dignidad humana –base de la Constitución de la CDMX–, por medio de la cual se garantiza una reparación integral y con apego a estándares internacionales de derechos humanos.
El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, informó que la Ley fue publicada este lunes en la Gaceta Oficial como un paso adelante que actualiza el marco local de acuerdo con las disposiciones de la Ley General en la materia y los estándares internacionales de derechos humanos.
En conferencia, y para detallar las características y alcances de la nueva ley, acompañaron al mandatario capitalino la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado Castro, y el titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR), Vicente Lopantzi García.
El nuevo ordenamiento contempla también a las víctimas indirectas o potenciales; es decir, plantea los delitos o violaciones en su dimensión humana y social, para evitar que se agraven los daños a las personas y asegurar la no repetición, así como disminuir el riesgo que puedan enfrentar.
En el Salón Murales del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la secretaria de Gobierno explicó que con esta publicación quedó abrogada la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito existente para el Distrito Federal, promulgada en 2003, la cual sólo contemplaba la atención y el apoyo a las víctimas de delitos, y donde la principal responsable de los procesos era la Procuraduría General de Justicia capitalina.
“Es una ley que no solamente es de atención y de reparación de las víctimas de delitos, sino también de violaciones a derechos humanos (…) Hoy es el Día Mundial de la Justicia Social; creo que es un buen día para este mensaje del Jefe de Gobierno, porque este es un acto de justicia: que las víctimas de delitos y las víctimas de violaciones a derechos humanos tengan un lugar donde será dirigida la restitución de sus derechos”, aseguró.
La CDMX –ratificó Mercado Castro– avanza con una legislación que no sólo contempla una indemnización económica, sino las medidas que permitan a las víctimas recuperar los derechos que se hubieran limitado o restringido, por ejemplo, el acceso a un empleo o a educación, y otros procesos que involucran a diversas instituciones.
Resaltó que esta ley tomó en cuenta los lineamientos para el pago de indemnizaciones económicas derivadas de las recomendaciones de las comisiones de Derechos Humanos, que fueron publicados en septiembre de 2014 y desde su creación han logrado impulsar la aprobación de 182 propuestas indemnizatorias.
Para tal fin existe un Fondo, de tal forma que los recursos no sean un obstáculo para cumplir las obligaciones con la ciudadanía que ha visto vulnerados sus derechos. Este mecanismo contempla a un grupo interdisciplinario evaluador para el acceso a dichos recursos.
La nueva Ley también establece la creación de una Comisión de Atención a Víctimas, que es un organismo público descentralizado y sectorizado a la Secretaría de Gobierno; y crea la Asesoría Jurídica para la Atención a Víctimas.
Mercado Castro explicó que mediante un proceso más democrático, la Asamblea Legislativa deberá definir una terna de candidatos a la titularidad de dicha Comisión, y el Jefe de Gobierno, a su vez, determinará quién ocupará ese cargo.
Esta ley sienta las bases para dar soluciones estructurales, fortalecer la perspectiva transversal de derechos humanos en el gobierno y brindar una atención especializada a las víctimas. Además, busca que el apoyo para las personas sea bajo un enfoque diferenciado, con perspectiva de género y tomando en cuenta el interés superior de la niñez.
El nuevo ordenamiento establece medidas de ayuda inmediata, asistencia, acompañamiento, atención y protección. También prevé la integración de un Sistema de Atención a Víctimas que incluye a varias dependencias de gobierno, a organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas.
La secretaria de Gobierno destacó la participación de personas que han sido víctimas –mediante una convocatoria de la Comisión de Derechos Humanos– para que sean parte de las decisiones de este Sistema.
En la elaboración del proyecto estuvieron involucradas diversas dependencias del gobierno capitalino y organizaciones de la sociedad civil. La CEJUR fue la encargada del proceso de construcción de la propuesta del Jefe de Gobierno.