Una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente será discutida en la Cámara de Diputados, después de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal.
El proyecto propone actualizar el marco jurídico ambiental de México y fortalecer las capacidades del Estado en materia de prevención, conservación, restauración ecológica, economía circular y protección del patrimonio biocultural.
La presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que la propuesta será turnada a la Cámara de Diputados para iniciar su análisis legislativo.
La recepción de la iniciativa no significa que la nueva ley haya sido aprobada. El proyecto deberá ser revisado, discutido y votado por ambas cámaras del Congreso antes de una eventual publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Iniciativa plantea 10 principios ambientales
La iniciativa, firmada el 26 de agosto por la presidenta Claudia Sheinbaum, se sustenta en 10 principios:
- Reconocer que el patrimonio natural es fundamento de la vida, la prosperidad y el bienestar.
- Establecer que no puede existir justicia social sin justicia ambiental.
- Privilegiar la prevención del daño antes que su reparación.
- Conservar y restaurar los ecosistemas para construir el futuro.
- Sustentar las acciones ambientales en el conocimiento.
- Gestionar el territorio con participación social y visión de largo plazo.
- Promover una cultura de cuidado ambiental.
- Transitar de una economía que desecha a una que aprovecha los recursos.
- Proteger a las personas defensoras de la naturaleza y los bienes públicos.
- Considerar la conservación del patrimonio biocultural como una responsabilidad compartida de toda la nación.
Diputados deberán revisar los alcances
La Cámara de Diputados deberá analizar cómo se traducirán estos principios en obligaciones concretas para las autoridades, empresas y particulares.
Entre los aspectos pendientes de conocer se encuentran las atribuciones que asumirán las instituciones ambientales, los mecanismos de vigilancia y sanción, el presupuesto necesario para aplicar la ley y las responsabilidades de los gobiernos estatales y municipales.
También deberá determinarse cómo se garantizará la participación de comunidades indígenas, pueblos originarios, especialistas, organizaciones ambientalistas y sectores productivos durante la discusión.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente vigente fue publicada en 1988 y ha sido reformada en distintas ocasiones. La iniciativa presentada plantea expedir un nuevo ordenamiento, pero sus efectos dependerán del contenido que finalmente apruebe el Congreso.