El responsable de Emergencias de la OMS recalcó la necesidad de garantizar que ningún Gobierno use la pandemia “como excusa para reprimir libertades fundamentales”, incluidas las de expresión y de prensa, algo de lo que ha advertido también en repetidas ocasiones la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.
El acceso global a los servicios sanitarios durante la actual pandemia de COVID-19 en muchos casos no ha sido justo y ha existido discriminación por razón de edad, posición social, sexo o etnia, denunció hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS) ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Durante el debate iniciado en este Consejo sobre el impacto de la pandemia en las libertades fundamentales, el director de la OMS para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan, destacó especialmente la forma “desproporcionada” en la que la pandemia ha afectado a los más mayores.
“La pandemia ha privado a nuestros hijos, a nuestros nietos, de una generación de sabiduría”, subrayó el experto irlandés, recordando que en algunos de los países desarrollados los más mayores han representado el 90 por ciento de las víctimas mortales por el coronavirus.
Ryan subrayó que “cada Estado tiene la responsabilidad legal de brindar cuidados sanitarios a cada uno de sus ciudadanos”, en un momento en el que sólo se puede vencer a la epidemia “si nadie queda atrás, incluyendo a mujeres, niños, migrantes, refugiados y personas en prisión”.
El responsable de Emergencias de la OMS también recalcó la necesidad de garantizar que ningún Gobierno use la pandemia “como excusa para reprimir libertades fundamentales”, incluidas las de expresión y de prensa, algo de lo que ha advertido también en repetidas ocasiones la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.
Ryan añadió que en la actual pandemia muchos trabajadores sanitarios se han visto obligados a luchar contra el coronavirus sin el adecuado equipamiento de protección o la formación necesaria contra epidemias, por lo que reiteró la necesidad de que estos “soldados en la primera línea del frente” sean mejor protegidos.
Finalmente, recordó la necesidad de que la comunidad internacional financie iniciativas como el Acelerador ACT, lanzada por la OMS para garantizar que los tratamientos y las futuras vacunas contra la COVID-19 sean distribuidos también en los países que no puedan pagarlos a farmacéuticas y laboratorios.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, también intervino en el debate, donde destacó que “el mundo en raras ocasiones ha sufrido un shock global y simultáneo tan complejo como el causado por la COVID-19”.
En una crisis tan compleja y cambiante, los países que han actuado bien “aumentaron el acceso a la sanidad para comunidades antes excluidas” o dieron ayuda económica, de vivienda y de otros tipos a personas que perdieron o vieron mermados sus modos de vida durante la pandemia.
Por otro lado, “algunos Estados mostraron una profunda desconfianza en su pueblo, reprimiendo las críticas, limitando la libertad de información y reduciendo el espacio cívico”, lamentó la expresidenta chilena.