Operativo interinstitucional busca detener la tala clandestina en el Bosque Otomí Mexica

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En un despliegue conjunto, corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno encabezaron un operativo en la comunidad de San Francisco Chimalpa, con el objetivo de frenar la tala clandestina y proteger el Bosque Otomí Mexica, una de las zonas naturales protegidas más importantes del centro del país.
Bosque amenazado por desarrollos inmobiliarios
El operativo, que incluyó recorridos por el Barrio La Viga, el Paraje La Palma y Villa Alpina, utilizó drones de la Guardia Municipal de Naucalpan para detectar movimientos irregulares y posibles alteraciones en la zona boscosa. Esta acción responde a denuncias ciudadanas sobre la presencia de talamontes e inmobiliarias que buscan cambiar el uso de suelo para construir fraccionamientos ilegales.
Las autoridades alertaron que la devastación de este bosque no solo implica un daño ambiental, sino que también pone en riesgo el suministro de agua, ya que se estima que esta área natural abastece hasta el 70% del agua consumida en la Zona Metropolitana del Valle de México, Toluca y Cuernavaca.
Acción coordinada y defensa comunitaria
En la vigilancia participaron elementos de la Guardia Nacional, Ejército, Policía Estatal y Guardia Municipal. Se confirmó que, por cada metro cuadrado deforestado, se afecta directamente el ciclo del agua, reduciendo la capacidad del suelo para infiltrar y recargar mantos freáticos.
Comunidades indígenas y ejidales como Magdalena Chichicaspa, San Lorenzo Huitzizilapan y San Luis Ayucan, se han unido para defender el bosque de agua, exigiendo freno a la tala clandestina y la especulación inmobiliaria.
Un pulmón verde en riesgo
El Bosque Otomí Mexica forma parte de una región protegida por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), con presencia en municipios como Naucalpan, Huixquilucan, Jilotzingo y Lerma.
Las autoridades advirtieron que sin bosques no hay agua, y que permitir el avance de desarrollos urbanos ilegales pone en riesgo el futuro ambiental de millones de personas.