“La corrupción es un problema de trascendencia nacional que lamentablemente, desde la perspectiva ciudadana, se ve reflejado en los niveles de democracia en nuestro país, pues de acuerdo con datos del Latinobarómetro 2017, se señala que México ocupa los primeros lugares en este tema y esto implica una mirada descalificadora hacia las instituciones”.
Lo anterior fue señalado por la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Zavala Pérez, durante la tercera Mesa de Diálogo “El reto que representa el Sistema Nacional Anticorrupción para los Institutos Electorales”, organizado por la Contraloría General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), a cargo de su Contralor General, Jorge Alberto Diazconti Villanueva.
Durante el foro de análisis que reunió a contraloras y contralores de los órganos electorales nacional y locales, la consejera Claudia Zavala sostuvo que el Sistema Nacional Anticorrupción surge para dar una respuesta a esta problemática en México y, en esta tarea los órganos autónomos están incluidos, porque éstos también forman parte de la solución.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Contralores de Institutos Electorales de México, Marco Tulio Ramírez Pita, dijo que los órganos internos de control de las instituciones deben cumplir con las disposiciones y obligaciones administrativas contenidas en la Ley de General de Responsabilidades Administrativas, así como en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Su labor es supervisar y fiscalizar el actuar de cada una de las instituciones a la que pertenecen. Indicó que el reto para las entidades electorales en el país, es contar con un órgano interno de control, encargado de investigar y sustanciar los procedimientos y dotarlos de facultades para aplicar las leyes generales.
En tanto, el Contralor Interno del INE, Gregorio Guerrero Pozas, consideró que el problema en los órganos locales de control es la falta de apoyo y de recursos que persiste no sólo a nivel federal, sino en el ámbito local. Este hecho deriva en una crisis en la implantación del Sistema Nacional Anticorrupción. Asimismo, expuso la necesidad de hacer sentir a la ciudadanía que las instituciones trabajan con plena conciencia para combatir a la corrupción, “la reforma constitucional que dio paso al SNA no podrá por sí sola abatir la corrupción y la impunidad si no existe una verdadera voluntad política de los tres niveles de gobierno”.
Al hacer uso de la palabra, la consejera electoral del IECM Gabriela Williams Salazar señaló que durante los comicios, las autoridades electorales deben de dotar de información y transparencia a la ciudadanía; “deben hacerla accesible, pues de qué sirve contar con portales llenos de información si ésta no les llega. La idea es hacer de éste un derecho humano, y en esta tarea, las autoridades electorales tienen que redoblar esfuerzos”, puntualizó.
El ex consejero electoral del IECM, Pablo César Lezama Barreda, moderador del evento, se refirió a la implementación del SNA y consideró que no se trata sólo de diseñar un programa anticorrupción, se trata de hacer sistema capaz de garantizar la transparencia y, al mismo tiempo, promover la rendición de cuentas, pues el objetivo es contar con sistemas eficientes que sancionen a quienes cometen actos ilegales.
En su intervención, el consejero presidente del IECM, Mario Velázquez Miranda, señaló que en el Instituto, las y los funcionarios tienen la obligación de conocer las disposiciones del SNA, así como las consecuencias de no cumplirlas. “En el órgano electoral capitalino tenemos un compromiso contra la corrupción y lo demostramos con las mesas de trabajo en donde se abordan las estrategias y se aplican desde el interior del Instituto”, expuso.
Durante la clausura del foro, el Contralor General Jorge Alberto Diazconti Villanueva, indicó que esta es la última mesa de diálogo sobre el Sistema Nacional Anticorrupción e informó que, posteriormente, las y los contralores de las entidades federativas continuarán con un taller sobre el tema.
En el encuentro asistieron las consejeras electorales, Carolina Del Ángel Cruz y Myriam Alarcón Reyes, así como los consejeros electorales Mauricio Huesca Rodríguez y Bernardo Valle Monroy; además de representantes de los institutos electorales estatales de Morelos, Querétaro, Oaxaca, Guerrero, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Durango, Baja California Sur, Hidalgo y Coahuila, y de la Auditoría Superior de la Federación.