La figura del outsourcing exterioriza una nueva confrontación entre diputados y senadores federales que, esta semana, determinaron frenar la presentación de sus respectivas propuestas para regularlo, ante el reclamo del sector privado que no fue consultado; pero poniendo en evidencia un conflicto político entre los coordinadores de las cámaras de Senadores y de Diputados, Ricardo Monreal y Mario Delgado, respectivamente, sostuvo el diputado Antonio Ortega Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) quien alertó sobre la necesidad de que la titular del Trabajo, Luisa María Alcalde se involucre.
“Hay un Dictamen de la Comisión de Trabajo del Senado y una Minuta en la Cámara de Diputados; si se llevan al Pleno, habría dos conceptos que significarían un conflicto político no fácil de resolver. ¿Cuál se atiende? Se rompe el principio de la norma en el que se establece a una cámara como ‘de origen’ y la otra como ‘revisora’. Si ambas se convierten en “cámara de origen”, tendremos una dificultad legislativa que solo se podría resolver con colaboración y diálogo, y -quizás- trabajar en conferencia”, indicó el también miembro del Comité de Decanos en el Recinto de San Lázaro.
Ortega Martínez, secretario en la Comisión de Hacienda, sostuvo que discrepancia se suma a varios incidentes o episodios de un conflicto político entre Monreal y Delgado, coordinadores de los grupos parlamentarios mayoritarios en el Poder Legislativo, y que se han venido presentando desde que el zacatecano, con cierta irresponsabilidad, desestimó (en octubre pasado) el trabajo de la Cámara de Diputados al mencionar de manera burlona, la frase: “Lástima Margarito, pero tenemos que regresárselas” en alusión a una decena de modificaciones que debieron realizar al Paquete Fiscal 2020 enviado desde San Lázaro para su eventual aprobación.
“Me parece que esa declaración dañó la relación entre los dos liderazgos y, lamentablemente, se llevó entre las patas a las dos cámaras y a la obligada colaboración institucional que se debería de prestar”, expuso el perredista.
Antonio Ortega refirió que las confrontaciones se han venido dando paulatinamente desde el rechazo del Senado a la minuta de la reforma constitucional para regular las remuneraciones de los servidores públicos federales, estatales y municipales para que no sobrepasen el límite establecido al del Presidente de la República; la minuta que brinda a mujeres las mismas oportunidades de participación y desarrollo en el deporte; la Ley de Ingresos que preveía -entre otros puntos- la legalización de los “autos chocolate”; la reforma sobre el desafuero; y –últimamente- expuso, el rechazo de la Cámara de Senadores a la iniciativa sobre el Fuero Constitucional; sin dejar de lado la decisión de los diputados, de reducir el salario a los senadores, para que ambas cámaras perciban lo mismo en 2020 (74 mil 548 pesos) ya que la dieta de los senadores hoy es de 105 mil pesos. Ahora se suma el tema del outsourcing que ha puesto en conflicto a las dos cámaras.
Nos queda claro, precisó, que ha habido una ausencia de la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde porque es un tema que debiera tener en su círculo de prioridades e intervenir convocando a los líderes de ambas cámaras, a los presidentes de las comisiones de Trabajo; y -en último caso- a diputados y senadores de Morena para evitar un conflicto político que puede arrastrar a las dos cámaras indebidamente y hacer que estas iniciativas queden en un cajón para que todo siga igual, citó.
“Sabemos que en México hay miles de empresas que prestan servicios bajo la figura del outsourcing, lo que se requiere no es eliminarlas sino regularlas, normarlas, obligarlas a cumplir con las garantías constitucionales establecidas para los trabajadores. Es decir, que los contratos de tercera relación no pueden eliminar derechos” de la clase laboral, precisó.
Lo conveniente –indicó- es la regulación, una normatividad que obligue al respeto de todas estas obligaciones pero que, desde luego, estas empresas tienen que existir y preservarse.
Creo, finalizó, que lo importante es dar garantías y seguridad laboral lo más pronto posible a los trabajadores contratados por esas empresas porque -con la actual normatividad- están perjudicando sus condiciones de trabajo y legales.