PAN propone hasta 22 años de prisión por obligar a menores al matrimonio infantil en el Edomex

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“La dignidad de la niñez no puede estar sujeta a costumbres ni tradiciones”, sentenció la diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN) al presentar una propuesta para castigar hasta con 22 años y medio de prisión a quien obligue o induzca a menores de edad a unirse en matrimonio o concubinato, aun si quienes lo hagan son sus propios padres o tutores.
La bancada del PAN en la LXII Legislatura del Estado de México busca reformar el Código Penal estatal, al argumentar que México es el décimo país con más casos de matrimonio infantil y el segundo en América Latina, sólo detrás de Brasil. Esta iniciativa plantea una pena base de 8 a 15 años de prisión y de 1,000 a 4,000 días multa, que podría aumentar en un 50% (hasta 22.5 años y 6,000 días multa) en casos de violencia o si la víctima pertenece a pueblos indígenas, comunidades afromexicanas o tiene alguna discapacidad.
Los diputados Pablo Fernández de Cevallos y Anuar Roberto Azar, promotores de la propuesta, señalaron que esta práctica vulnera gravemente los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y que urge legislar con firmeza para eliminar cualquier laguna legal que hoy permite su perpetuación.
El documento legislativo reconoce que en algunas comunidades del país aún se intercambia a niñas por dotes o arreglos familiares, una práctica validada incluso por autoridades comunitarias. Ante ello, los legisladores panistas recalcan que “el Estado debe ser garante de los derechos de la infancia, incluso por encima de creencias, usos o costumbres”.
Actualmente, el Código Penal del Estado de México sanciona con apenas dos a cuatro años de prisión y de 500 a 2,000 días multa este tipo de uniones. Con esta reforma, el PAN busca elevar la penalidad y garantizar que niñas, niños y adolescentes sean protegidos como sujetos plenos de derechos, reafirmando una visión humanista en la que su dignidad y autonomía estén por encima de cualquier interés particular.
Esta propuesta marca un paso importante hacia la erradicación del matrimonio infantil en la entidad y responde al llamado de múltiples organismos nacionales e internacionales que han exigido medidas contundentes para proteger a la niñez mexicana.