La sobrepoblación, el hacinamiento, las deficiencias en la atención médica y la falta de medicamentos figuran entre las principales problemáticas documentadas en centros penitenciarios del Estado de México, condiciones que ponen en riesgo los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y dificultan su reinserción social.
Ante este panorama, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) llamó a fortalecer la vigilancia de las cárceles mexiquenses y garantizar servicios médicos oportunos, alimentación suficiente, acceso al agua, condiciones adecuadas de higiene y protección frente a posibles abusos.
El organismo, encabezado por Víctor Leopoldo Delgado Pérez, advirtió que las personas privadas de la libertad conservan su dignidad y todos aquellos derechos que no hayan sido restringidos legalmente, por lo que su situación jurídica no justifica condiciones de internamiento que vulneren su integridad física o psicológica.
Detectan hacinamiento y deficiencias médicas en penal de Tlalnepantla
Uno de los antecedentes señalados por la CODHEM es el informe especial emitido en enero de 2026 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Juan Fernández Albarrán, ubicado en Tlalnepantla.
El documento, elaborado a partir de visitas realizadas en junio de 2025, identificó problemas de infraestructura, sobrepoblación, hacinamiento y deficiencias en la atención médica.
También advirtió sobre riesgos relacionados con la seguridad y la integridad de la población penitenciaria.
Estos hallazgos evidencian la necesidad de revisar las condiciones materiales de los centros de reclusión, particularmente cuando la cantidad de internos supera la capacidad de las instalaciones o los servicios disponibles resultan insuficientes.
La CODHEM subrayó que el derecho a la salud implica no solamente recibir consultas médicas, sino también contar con continuidad en los tratamientos, medicamentos disponibles y atención especializada cuando las condiciones de una persona lo requieran.
En ese sentido, destacó la importancia de garantizar servicios de salud mental y establecer mecanismos de traslado o atención externa cuando los recursos médicos de un penal no sean suficientes.
Investigan señalamientos de cobros irregulares y revisiones en Santiaguito
Las condiciones de ingreso y visita a los centros penitenciarios también se encuentran bajo observación.
En septiembre, la CODHEM realizó una inspección en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, luego de recibir señalamientos sobre presuntos cobros irregulares y prácticas de revisión que podrían afectar la intimidad y dignidad de las personas visitantes.
Como parte de su intervención, el organismo solicitó medidas cautelares para prevenir posibles vulneraciones a los derechos humanos.
La Comisión señaló que los controles de seguridad deben realizarse conforme a la ley, sin prácticas humillantes ni procedimientos que comprometan injustificadamente la integridad de las familias.
Asimismo, insistió en que cada denuncia debe investigarse antes de establecer responsabilidades.
Los señalamientos sobre Santiaguito constituyen presuntas irregularidades y no hechos cuya responsabilidad haya sido determinada, de acuerdo con la información difundida.
CODHEM participa en 13 operativos penitenciarios durante 2026
Como parte de sus labores de supervisión, la Comisión informó que, con corte al 7 de octubre de 2026, participó como observadora en 13 operativos penitenciarios realizados en el Estado de México.
Entre estas intervenciones se encuentran las revisiones efectuadas en Santiaguito los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre.
A través de la Visitaduría Especializada de Atención a Personas Privadas de la Libertad, el organismo atiende quejas, brinda orientación, realiza inspecciones y solicita medidas cautelares cuando identifica posibles riesgos.
Su participación busca vigilar que las revisiones de seguridad y las medidas disciplinarias se desarrollen con respeto a la legalidad y a los derechos de las personas internas.
La CODHEM también considera indispensable que existan mecanismos accesibles para presentar peticiones y denuncias, particularmente en situaciones relacionadas con amenazas, agresiones o malos tratos.
Mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad requieren atención diferenciada
La Comisión advirtió que las condiciones penitenciarias no afectan de la misma manera a toda la población.
Las mujeres, personas mayores, quienes viven con alguna discapacidad o enfermedad crónica y las personas de la diversidad sexual pueden enfrentar necesidades específicas que requieren medidas de protección y servicios adecuados.
En el caso de las mujeres que permanecen en prisión con sus hijas e hijos, el organismo destacó la importancia de garantizar atención médica especializada, espacios apropiados para la maternidad y condiciones que protejan el desarrollo infantil.
Estas acciones deben atender el principio del interés superior de la niñez y evitar que las condiciones del internamiento comprometan los derechos de niñas y niños.
Reinserción social, otro desafío en las cárceles mexiquenses
Además de garantizar condiciones dignas durante el internamiento, la CODHEM señaló que las autoridades deben fortalecer los programas de reinserción social.
Conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad deben contar con oportunidades efectivas de educación, trabajo, capacitación, salud y deporte.
Estas actividades deben contribuir al desarrollo de habilidades que faciliten su regreso a la comunidad y reduzcan los obstáculos para reconstruir sus proyectos de vida.
La Comisión sostuvo que la reinserción no puede limitarse a la permanencia dentro de un centro penitenciario, sino que requiere condiciones materiales y programas que permitan preparar a las personas para su reincorporación a la sociedad.
Exigen garantizar condiciones dignas en centros penitenciarios
Frente a los antecedentes documentados en Tlalnepantla y las quejas recibidas en Santiaguito, la CODHEM reiteró la necesidad de mantener una supervisión permanente sobre los centros penitenciarios del Estado de México.
El organismo enfatizó que prevenir abusos, investigar denuncias y garantizar servicios básicos son obligaciones de las autoridades responsables de la administración penitenciaria.
Aunque la Comisión informó sobre sus intervenciones y medidas de vigilancia, no precisó en este comunicado cuántas personas se encuentran afectadas por las deficiencias señaladas ni qué acciones correctivas se han concluido.
La atención a estas problemáticas será determinante para evaluar si las autoridades penitenciarias avanzan en la protección de los derechos humanos y en el cumplimiento de las condiciones necesarias para una reinserción social efectiva.