Desde la creación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en 2012, la implementación del Mecanismo Federal de Protección no tiene una coordinación eficiente entre los gobiernos estatales y federal, esto porque 18 entidades carecen de leyes para la creación de mecanismos estatales.
De acuerdo con el estudio Frente al Riesgo y al Caos del Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica (CIC Propuesta Cívica) 11 entidades cuentan con leyes que crean mecanismos estatales de protección; dos con leyes o decretos que crean unidades u oficinas locales de coordinación con el Mecanismo Federal de Protección. Mientras, 11 estados tienen iniciativas sin aprobar en su respectivo Congreso local y las restantes siete entidades no tienen propuestas de legislación.
En reunión extraordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), el 17 de mayo de 2017, se pactaron las “Acciones para la Libertad de Expresión y para la Protección de Periodistas y defensores”, en las que determinó fortalecer el Mecanismo Federal de protección y conformar las Unidades Estatales de Protección (UEP) para establecer los canales de cooperación entre las entidades federativas, objetivo que sigue sin alcanzarse plenamente.
En lo que va del año, 12 comunicadores han perdido la vida, lo que convierte a 2019 en uno de los más mortíferos entre los periodistas. Si hablamos de homicidios en lo que va del sigo, ya son 153 desde el año 2000.
La organización acusa que, de las 12 leyes existentes que crean mecanismos estatales, sólo dos se encuentran en operatividad, al tiempo que subraya que sólo la ley aprobada en la Ciudad de México cumple con los estándares mínimos de protección y buenas prácticas internacionales que establece la “Ley modelo para el reconocimiento y la protección de las personas defensoras de derechos humanos”, emitida por la International Service for Human Rights, en 2017.
Los estados con Leyes que crean Mecanismos Estatales de Protección son: Guerrero, Nayarit, Veracruz, Jalisco, Quintana Roo, Hidalgo, Morelos, Tamaulipas, Guanajuato, Coahuila, Ciudad de México.
De estos sobresale que Veracruz, Guerrero y Tamaulipas son los estados catalogados como más peligrosos para ejercer el periodismo, según Artículo 19, en su informe “Periodistas asesinados en México de 2018”.
Michoacán y Durango cuentan con leyes que crean Unidades de Protección o de enlace con el Mecanismo Federal, mientras que en Puebla se da la misma situación a través de un decreto y por el que se crea la Comisión de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
Así mismo, en estados como Chihuahua, Tabasco, Baja California Sur, Querétaro, Nuevo León, Sonora, Zacatecas, Sinaloa, Tlaxcala, Oaxaca, Baja California, cuentan con iniciativas estatales que promueven la creación de estos mecanismos a nivel local.
De los mecanismos contemplados en los estados se desprende que en Coahuila, se contemplan dos leyes; una para defensores y otra para periodistas; mientras que en la capital del país actualmente se discute la aprobación de la Ley del Secreto Profesional y Cláusula de Conciencia para el Ejercicio Periodístico.
También, se advierte que las leyes en Chiapas, Guerrero, Colima, Baja California, Ciudad de México, Quintana Roo y Nayarit contienen limitaciones a la definición de periodista, al ser opuestas a los estándares internacionales. Principalmente establecen limitaciones al definir al periodismo como una actividad “permanente”, de la que se “recibe remuneración”, y al omitir sectores que no acrediten estudios o experiencia y a quienes la ejercen de manera habitual.
De acuerdo con el análisis del CIC Propuesta Cívica, otro problema de las leyes locales es su multiplicidad y enfoque diversos, en específico los vertidos en materia de seguridad y protección, que no están orientados adecuadamente ya que centran su atención en medidas de seguridad físicas e individuales, descuidando la defensa de los derechos humanos y las limitaciones que sufren éstos más allá de dichas agresiones físicas.
CIC Propuesta Cívica también concluye que no fue posible determinar la estructura ni el funcionamiento de los enlaces estatales de las UEP, como tampoco la idoneidad de los perfiles que la componen.
El mecanismo federal también ha sido analizado por la Oficina de la Alta Comisionada de naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual determinó que si las autoridades mexicanas no atienden las causas profundas de la violencia contra reporteros y activistas, para finales del actual sexenio será insostenible mantener su operación.