La Comisión Permanente solicitó a los titulares de los poderes ejecutivos del ámbito federal, estatal y municipal, a la Fiscalía General de la República y a sus homólogas en los 32 estados, a intensificar esfuerzos para prevenir, combatir y erradicar cualquier tipo de práctica que tenga como propósito la venta de menores o adolescentes para contraer matrimonio.
Las y los legisladores precisaron que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar a niñas, niños y adolescentes, todas las condiciones de seguridad que protejan su integridad física, así como su desarrollo físico y emocional.
Además, destacaron que niñas y adolescentes del sexo femenino, se ven amenazadas por la trata de personas, conductas delictivas perpetradas en su contra por razón de género, con la finalidad de obtener ganancias de su explotación.
El dictamen, que se aprobó sin discusión, expone que, en el mundo, cada siete segundos se obliga a una menor a casarse. Y que, en México, de no haberse dado la prohibición tendríamos una incidencia anual del 4.5 por ciento de niñas o adolescentes.
Las y los legisladores enfatizaron que la aplicación de la ley en este tema presenta resistencias, debido a prácticas derivadas de usos y costumbres, mismas que ya tenían antecedentes de este tipo de problemáticas antes de la aprobación de la reforma de 2019, principalmente en comunidades guerrerenses, oaxaqueñas, poblanas o chiapanecas.
La Permanente hizo un llamado a las secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía a promover una campaña de difusión en las empresas, para que alineen sus políticas de responsabilidad social de género.
Además, externó su preocupación respecto de la necesidad de fortalecer las acciones necesarias que fomenten la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y con ello contribuir a implementar una perspectiva de género en los diversos sectores de la sociedad.
El Estado tiene que prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, así como promover una perspectiva de género del más alto impacto, se acotó en el documento aprobado.
La Permanente también exhortó al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que, en coordinación con las autoridades de procuración y administración de justicia, implementen acciones urgentes que fortalezcan la formación y dignifiquen la labor de las y los intérpretes y/o traductores de lenguas indígenas en el sistema de justicia.