La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena) pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador no publicar el decreto que expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 constitucional, a fin de que se pueda modificar antes de que entre en vigor.
En conferencia de prensa, sostuvo que esta legislación, aprobada el 25 de julio pasado, violenta los derechos humanos de presunción de inocencia, debido proceso, imprescriptibilidad y a la propiedad privada.
“Pido al Presidente de la República nos permita hacer bien nuestro trabajo y que no publique esta ley para que podamos hacer modificaciones, porque tiene la buena intención de declarar la pérdida de los derechos sobre bienes vinculados con la comisión de un hecho ilícito, pero algunos articulados vulneran las garantías constitucionales”, indicó.
Villavicencio Ayala adelantó que prepara una propuesta de reforma a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, para hacerle las correcciones que no tuvo oportunidad de realizar cuando fue avalada, y que valora solicitar la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a fin de que promueva una acción de inconstitucionalidad.
Expuso que los temas que le preocupan es que la legislación estipule que la carga de la prueba corresponde al propietario de los bienes cuestionados, lo que, dijo, viola la presunción de inocencia.
Asimismo, que plantee que el Ministerio Público podrá asegurar propiedades de forma preventiva, incluso cuando no se haya planteado una petición de inicio de juicio de extinción y que la autoridad administradora podrá proceder a la venta y disposición anticipada de los bienes, sin tener una determinación o sentencia condenatoria.
“No permitamos que se violen los principios, los derechos humanos y las garantías establecidas en la Constitución. La Cuarta Transformación no puede pasar por los derechos humanos ni los principios que contiene la propia Carta Magna”, subrayó.
La diputada de Morena hizo un llamado a la Cámara de Diputados a que se dé el tiempo suficiente de analizar las iniciativas y “no legislar al vapor porque se van a cometer muchos errores, como pasó con este marco jurídico”.
“Lamentamos que la mayoría de los legisladores no hayan tomado en cuenta nuestras reservas y las de toda la oposición para haber obtenido un mejor instrumento jurídico”, aseveró.
La abogada Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria resaltó la importancia de que se vuelva a analizar esta legislación, reformarla y determinar dónde se quiere o pretende utilizar, ya que, señaló, carece, por mucho, de condiciones éticas para su aplicación.
Explicó que tan sólo para que esta ley tenga efecto no se requiere sentencia de ningún tipo, ni siquiera un proceso penal, basta con meros indicios del Ministerio Público o del fiscal, para que se pueda iniciar un proceso de carácter meramente civil para extinguir en dominio los bienes de cualquier persona involucrada en un hecho ilícito.
Cuestionó que se pretenda atacar la corrupción y a la delincuencia organizada, pero no se haya eliminado el fuero, lo que, dijo, quiere decir que quien lo tenga puede realizar actividades ilícitas o ser susceptibles de señalamiento, pero no se les podrá iniciar un procedimiento de extinción de dominio, ni tampoco a cualquier funcionario con derechos políticos-electorales o con cargo de elección popular.