La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riacho, pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) realizar una investigación a nivel nacional y elaborar un informe especial sobre la situación de los derechos humanos de los trabajadores de la salud, ante la actual crisis sanitaria derivada de la pandemia del Covid-19.
No existe justificación para permitir ningún tipo de violación de los derechos humanos de las y los trabajadores de la salud; sin embargo, ha sido insuficiente e inoportuno el actuar de las autoridades y de los mecanismos para la defensa de los mismos, indicó la legisladora del PRI.
“El personal médico, clínico, de enfermería, paramédico y camilleros, de todos los servicios hospitalarios, son una de nuestras fortalezas y esperanzas frente esta pandemia, por lo que es reprobable que la sociedad los discrimine y atente contra su seguridad y su vida por trabajar en la primera línea de atención contra la amenaza del coronavirus”, aseveró en un comunicado.
La diputada Sauri Riancho apuntó que desde el inicio de la actual administración comenzó el deterioro por una mala idea de austeridad de los recursos e insumos que les permitan ejercer su profesión y más en estos momentos que el material se hace indispensable para enfrentar la emergencia sanitaria, y no poner en riesgo sus vidas y las de sus familiares.
“Todo ello es violatorio de sus derechos humanos y fundamentales; no existe ninguna justificación para no atenderlos y permitir que nos defiendan de la amenaza sanitaria con estricto apego a una política que respete sus derechos como personas y trabajadores de alto riesgo”, agregó.
La diputada priista refirió que acorde con reportes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al 20 de abril en la Ciudad de México, Estado de México, Yucatán, Sinaloa, Jalisco, Puebla, Morelos, Guerrero, Coahuila, San Luis Potosí, Quintana Roo y Durango se registraron mayores casos de agresiones contra el personal de enfermería.
Mientras que registros del Conapred señalan que se han hecho denuncias en 26 entidades; la mayor proporción se documentó en la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas.
