La vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, Rebeca Peralta León, solicitó al secretario de Salud, Armando Ahued Ortega, la puesta en marcha de una campaña de difusión para prevenir y eliminar posibles actos de violencia obstétrica, es decir maltratos físicos y verbales hacia las mujeres embarazadas, en los hospitales y centros de salud de la Ciudad de México.
En un punto de acuerdo aprobado por la ALDF en su sesión del pasado jueves, la legisladora exhorto a las secretarias de Gobierno y de Salud para que implementen una campaña de concientización en la ciudad y en todos sus centros de salud en contra de la violencia obstétrica, misma que enfatice los derechos de las mujeres que se encuentren en periodo de maternidad así como las obligaciones y responsabilidades de los médicos.
Las autoridades de salud capitalinas deben brindar información sobre los derechos que tienen las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio, así como la atención profesional y especializada que deben ofrecer médicos y enfermeras.
“Debemos crear conciencia entre el personal médico de la necesidad de eliminar cualquier omisión, trato inhumano o degradante que cause daño físico o psicológico a la mujer en el embarazo”, reforzó,
Dijo que aunque en el país no se conoce la dimensión de la violencia obstétrica, ésta es una clara muestra de violación a los derechos humanos de las mujeres, “porque es concebida como una forma específica de violencia contra las mujeres generada en la atención de las diferentes etapas de su embarazo”.
“Cómo olvidar aquellas imágenes en televisión y redes sociales de una mujer indígena a la que le negaron el servicio médico en un hospital de Oaxaca y dio a luz a su hijo en el jardín del nosocomio, hecho que impactó e indignó a la sociedad mexicana”, recordó.
La diputada Rebeca Peralta agregó que el caso de esa indígena de nombre Irma López, ocurrido en octubre 2013, es un claro ejemplo de violencia obstétrica que, según cifras del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) sufren más de 6 mil 800 mexicanas diariamente, tomando en cuenta que México registra alrededor de 2 millones 500 mil nacimientos de niños anualmente.
Agregó que de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, siete de cada diez mexicanas de más de 15 años han tenido al menos un hijo vivo, lo que indica que 71.6% de la población femenina con vida reproductiva en México ha necesitado atención médica durante el embarazo, parto y puerperio y, por tanto, el universo susceptible de sufrir violencia obstétrica es enorme.
La representante popular comentó que son pocas las denuncias presentadas por mujeres que sufren de violencia obstétrica: De acuerdo a reportes de GIRE, entre enero de 2014 y junio de 2015, 266 mujeres que sufrieron violencia obstétrica interpusieron una queja en las secretarías de salud estatales, de las cuales, 130 son de Guerrero, lo que representa 48% del total; seguido de Morelos con 54; 18 en la Ciudad de México; 14 en el Estado de México; 14 en Veracruz; 9 en Chiapas; 6 en Chihuahua; 5 en Sinaloa, 3 en Coahuila; 2 en Querétaro; 2 en San Luis Potosí; 1 en Nuevo León; 1 en Baja California; y 1 en Baja California Sur.
En el caso de la Ciudad de México, agregó, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la recomendación 3/2015, dirigida a la Secretaría de Salud capitalina, en donde expone alrededor de 23 quejas de mujeres –entre febrero de 2009 y febrero de 2015- por falta de atención oportuna y adecuada a mujeres, algunas de ellas adolescentes, durante el embarazo, parto y puerperio.
La diputada del sol azteca retomó al GIRE al señalar que las “manifestaciones de violencia obstétrica pueden abarcar desde regaños, burlas, ironías, insultos, amenazas, humillaciones, manipulación de la información y negación al tratamiento, sin referir a otros servicios para recibir asistencia oportuna, aplazamiento de la atención médica urgente.
Además, concluyó, indiferencia frente a sus solicitudes o reclamos, no consultarlas o informarlas sobre las decisiones que se van tomando en el curso del trabajo de parto, utilizarlas como recurso didáctico sin ningún respeto a su dignidad humana, el manejo del dolor, durante el trabajo de parto, como castigo y la coacción para obtener su “consentimiento”, hasta formas en las que es posible constatar que se ha causado daño deliberado a la salud de la afectada, o bien que se ha incurrido en una violación aún más grave de sus derechos”.
