Los grupos parlamentarios de Morena y del PRD propusieron reformas para establecer penas de
prisión en contra de quien videograbe, fotografíe, difunda o comercialice imágenes, videos, audios
archivos o información de víctimas relacionadas con una carpeta de investigación en trámite, con el
lugar de hechos de violencia contra alguna mujer adulta, además de establecer agravantes cuando se
trate de menores de edad y sea cometido por personas servidoras públicas.
Al exponer su iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de México, la diputada Liliana
Gollas Trejo (Morena) señaló que estas propuestas derivan de la denominada Ley Ingrid, reforma
legislativa aprobada por el Congreso de la Ciudad de México después de que, en febrero del año
pasado, Ingrid Escamilla fuera asesinada por su pareja sentimental y las imágenes de su cuerpo
violentado fueran filtradas a los medios de comunicación.
Para Gollas Trejo, se trata de combatir la violencia mediática de género, en tanto que Claudia
González Cerón, quien presentó la iniciativa del PRD, explicó que se intenta detener la revictimización
de las mujeres violentadas, ya que continuamente las redes sociales, y medios de comunicación
difunden material de mujeres desaparecidas o asesinadas.
La propuesta de Liliana Gollas plantea de 3 a 6 de prisión por estas conductas, aunque,
tratándose de imágenes, audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, de las
circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas previstas en este artículo se
incrementarán hasta en una mitad, es decir a 9 años. Cuando se trate de cadáveres o parte de ellos, la
pena se incrementará hasta en un tercio, es decir 8 años.
Añade que, si el delito es cometido por personal de instituciones de seguridad pública u
órganos jurisdiccionales de la entidad o la federación, se aumentará la pena hasta una mitad más de
la que corresponda, pudiendo llegar a 13 años y medio, además de inhabilitación para desempeñar
igual o similar empleo, cargo o comisión de 5 a 15 años.
Respecto a la iniciativa del PRD, la diputada González Cerón planteó sanciones de cuatro a 10
años de prisión, la destitución e inhabilitación y de 100 a 150 días multa a personas servidoras
públicas de las áreas de procuración y administración de justicia que difundan o entreguen información
reservada o evidencias de procedimientos penales, ya que son los primeros en tener contacto con las
escenas del delito o de hallazgos de delitos.
La iniciativa de la bancada morenista se turnó a las comisiones dictaminadoras de Procuración
y Administración de Justicia y Especial para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra
las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, en tanto que la del PRD será dictaminada solo por la
primera de estas dos comisiones.
