La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla (NA) impulsa reformas al Código Penal Federal con el fin de imponer de 200 a 400 días multa, y prisión de uno a nueve años, al servidor público que ordene o instruya la identificación de espacios y edificios públicos bajo su administración, con colores o variaciones de lemas, imágenes o logotipos que se asocien con algún partido político.
Dijo que esa práctica “conlleva un mensaje no explícito hacia una orientación o corriente política que puede ser considerada, antes y durante los procesos electorales, como una inclinación a favor de algún personaje o partido político, lo que constituye una forma de coacción contra la sociedad”, explicó.
En su propuesta para adicionar la fracción n al artículo 407 del código Penal Federal, enfatizó que las escuelas son usadas como casillas de votación en cada proceso electoral, lo que agrava esa práctica; además, se atenta contra la libertad y la pluralidad política e ideológica que debe prevalecer en la labor educativa y en la comunidad donde se encuentre asentado el espacio escolar.
De ahí la preocupación de la legisladora por el “vacío jurídico que no permite su regulación y castigo”. Dijo que a pesar de los avances legales en materia electoral, han surgido prácticas de propaganda política “muy sutiles” como resultado de la laxitud de las leyes, por lo que es necesario “subsanar la vaguedad existente”.
Opinó que esta costumbre se agudiza por las elecciones federales de este año. Es necesario prevenirla por el sano desarrollo plural y democrático del país, pero “al no estar expresamente sancionada, abre un margen de discrecionalidad para incurrir en ello, con total impunidad”.
Sostuvo que ningún plantel académico debe utilizarse con fines proselitistas, pues contraviene los principios de imparcialidad y equidad que deben privar en las contiendas.
“Se han convertido en arena de disputas electorales e ideológicas por medio del uso de los colores partidistas de la administración en turno, lo que constituye una violación a la Constitución y las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y la de Educación”.
Señaló que existe una “constante tentación” para gobernantes y funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno por mantener en el poder a su partido y sus candidatos, y utilizan recursos públicos para hacer propaganda, a través de diversas acciones “de gobierno”.