Toluca, Méx.- Casi 2 millones y medio de personas que realizan trabajo doméstico en México son mujeres y niñas de origen migrante e indígena, sin embargo, sólo reciben el pago de tres de cada 10 horas laboradas, afirmó el diputado Max Correa Hernández.
Detalló que el ingreso anual promedio de este sector de la población, invisibilizado y estigmatizado al grado de encontrarse dentro de la categoría de trabajo precario que carece de seguridad social y reconocimiento legal, es 39 mil pesos, es decir, 3 mil 250 pesos al mes.
En ese sentido, el legislador de Morena realizó un pronunciamiento en el Congreso mexiquense “a la falta de aprobación por parte del Senado de la República del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el que se favorecería la protección más amplia de los derechos humanos de las y los trabajadores del hogar.
“Coincido con el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (SINACTRAHO), cuando a través de su Secretaria General, Marcelina Bautista, denunciaron que las condiciones del trabajo doméstico del Siglo XXI en México son similares a la esclavitud, por las condiciones de precariedad laboral, discriminación, racismo y acoso sexual que padecen estas trabajadoras”.
En tribuna parlamentaria, Correa Hernández aseveró que la Fracción Parlamentaria de Morena en el Estado de México reconoce la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al amparo directo 9/2018, que declara discriminatorio excluir a las empleadas domésticas del régimen obligatorio del IMSS.
Explicó que a través de esta resolución, el máximo tribunal de la Nación ordenó al Instituto Mexicano del Seguro Social crear en el primer semestre del 2019 un programa piloto para diseñar e implementar un régimen especial de seguridad social para trabajadoras domésticas, que brinde a su vez facilidades administrativas para el cumplimiento de las obligaciones patronales.
El también Secretario General de la Central Campesina Cardenista (CCC), dijo que en 2011 el Gobierno Federal firmó el Convenio 189 de la OIT, el cual entró en vigor desde el pasado 5 de septiembre del 2013; “sin embargo el Ejecutivo Federal saliente no lo remitió al Senado para su aprobación debido a la oposición de los directivos de la Secretaría de Hacienda e IMSS”.
El Convenio 189 de la OIT, resaltó Max Correa, establece la obligación para que los trabajadores domésticos cuenten con un contrato escrito, garantizarles un salario mínimo, seguridad social, y las prestaciones de Ley vía contrato y oferta de trabajo legalmente establecida.
