A tres años del desastre ambiental en los ríos Bacanuchi y Sonora, provocado por el derrame de 40 mil litros cúbicos de sulfato de cobre acidulados derivados de la mina Buenavista, cuyo propietario es la empresa Grupo México, los problemas en la zona y en la salud de los habitantes aún persisten, ante una tibia actuación de las autoridades competentes para obligar a los responsables a resarcir el daño, aseguró el diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra.
En punto de acuerdo recibido por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, recordó que el 6 de agosto de 2014, unas serie de fallas en la represa de la mina Buenavista del Cobre, derramó 40 mil litros de por lo menos ocho tipos distintos de químicos en los ríos Bacanuchi y Sonora, llegando hasta Hermosillo y otros siete municipios de la región, afectando a más de 22 mil personas.
Argumentó Hernández de la Piedra que “ante el peor desastre ecológico de México, se requiere que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales reevalúe las condiciones actuales de las zonas afectadas y determine las acciones necesarias que permitan resarcir los daños vigentes, a la vez que la Procuraduría de Protección al Ambiente, haga respetar la normatividad en la materia y se mantenga atenta a la demanda legal contra los responsables.
El legislador integrante de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento esgrimió el informe de un grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas que visitó la zona y en sus conclusiones acusó a Grupo México de ser arbitrario y no respetar las normas ambientales ni laborales, en tanto que al Gobierno Federal lo tachó de incapaz de hacer cumplir la ley en su urgencia por atraer inversiones.
En este sentido, propuso además que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, al Sector Salud y a CONAGUA, dar cumplimiento a un operativo permanente de vigilancia epidemiológica, monitorear la salud de los afectados y establecer una revisión constante de la calidad del agua de los ríos Bacanuchi y Sonora, así como de los afluentes adyacentes.
“A principios de julio pasado, la COFEPRIS reconoció la existencia de por lo menos 380 habitantes en zonas cercanas a los ríos afectados, con desechos tóxicos en sangre y orina”, finalizó el diputado de Morena.