El diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera (PAN), secretario de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, planteó exhortar al Ejecutivo federal a intervenir en la problemática que aqueja a miles de trabajadores que han sido despojados injustamente de sus viviendas adquiridas a través de créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
El punto de acuerdo, turnado a la Comisión de Vivienda, también exhorta a la Fiscalía General de la República a investigar el fraude por el cual les fueron despojados, a través de juicios irregulares, aproximadamente 300 mil trabajadores de sus viviendas, adquiridas éstas con créditos del Infonavit, de modo que dicho delito no quede impune.
Busca anular las adjudicaciones que se hicieron de manera irregular en favor de dicho Instituto y “las viviendas regresen a los trabajadores a quienes les fueron arrebatadas”.
Asimismo, tomar las medidas necesarias para dar solución a los trabajadores a quienes fueron vendidas en remate las viviendas y emprender las acciones correspondientes, con el objetivo de evitar actos de corrupción dentro del Instituto.
El legislador argumentó que “dichos juicios fueron posibles gracias a una red de corrupción en la que se ven involucrados funcionarios del poder judicial, trabajadores del Infonavit y despachos de abogados”.
Explicó que la forma de operar consiste en detectar a los derechohabientes que dejan de pagar sus casas, iniciar un juicio exprés del que no tienen conocimiento los propietarios, para posteriormente adjudicar nuevamente la propiedad al Infonavit y finalmente volverla a vender. Los trabajadores víctimas nunca tienen conocimiento de la controversia, no son notificadas y, por tanto, no tienen la posibilidad de defenderse.
Refirió que, de acuerdo con el subdirector de general de Administración de Cartera del Infonavit, Bernardo Altamirano Rodríguez, de 2014 a 2018, 259 mil 906 créditos de cartera vencida fueron llevados a juicios masivos, de los cuales 38 por ciento de ellos fue procesado desde juzgados en Coahuila y otro gran número en Nayarit, y que afectan en gran medida a esos dos estados y a otros seis más: Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco.
Mencionó que entre 2013 y 2018 en Nayarit, se llevaron a cabo 60 mil juicios falsos de manera exprés para adjudicar nuevamente al Instituto viviendas de manera irregular. El Fiscal del estado, Petronilo Díaz Ponce, considera que es “la mayor simulación jurídica en la historia del Estado”, pues para notificar a los demandados de diferentes partes del país, se utilizaba un domicilio falso en la ciudad donde estaba el juez que supuestamente llevó los casos, pero esos domicilios correspondían a empleados del poder judicial de Nayarit.
Derivado de las investigaciones, continuó, el Poder Judicial de Nayarit suspendió provisionalmente a dos jueces y a dos secretarios por posibles actos de corrupción que permitió el despojo de 60 mil familias, mientras que un abogado del despacho involucrado se encuentra en prisión preventiva. Además, fue suspendido temporalmente de su cargo el Magistrado Jorge Ramón Marmolejo Coronado al ser señalado como involucrado en el megafraude.
En Coahuila, dijo, también se llevaron a cabo juicios irregulares en el que derechohabientes fueron despojados de sus viviendas, se estima que son 200 mil los afectados y que la cifra podría crecer conforme avancen las averiguaciones. Fueron suspendidos 6 jueces y 12 secretarios por su participación en el mismo fraude.
El diputado reconoció el hecho de que el actual director del Infonavit tome medidas para mejorar el esquema de asignación de cartera vencida a los despachos de cobranza. Sin embargo, estimó que se deja de lado el actual problema, “no se están tomando cartas en el asunto respecto de los miles de trabajadores que fueron despojados de sus viviendas”.
Por ello, consideró necesario que el gobierno federal dé una solución a esta injusticia que están viviendo miles de familias. “Resulta urgente dar respuesta a este problema, se debe castigar a los responsables de cometer estas injusticias contra los trabajadores, se tienen, también, que anular las adjudicaciones que se hicieron de manera irregular”.