Al cierre de los foros “México 2018: los desafíos de la nación. Las plataformas electorales discutidas por los universitarios”, organizados por la UNAM y el Instituto Nacional Electoral (INE), especialistas universitarios consideraron que las plataformas electorales carecen de planteamientos concretos y específicos en torno a cómo fortalecer nuestra mermada institucionalidad política, las relaciones entre poderes y el desempeño de éstos.
En la última mesa de análisis Estado de derecho, democracia y rendición de cuentas, moderada por Mónica González Contró, abogada general de la UNAM, Jacqueline Peschard, coordinadora del Seminario Universitario de Transparencia (SUT), puntualizó que en la articulación de las plataformas políticas “las generalidades casi siempre son políticamente correctas”.
Ésa, dijo, es una expresión de que las plataformas han sido más que nada un requisito para registrar candidaturas y no un documento central de compromisos de partidos y de candidatos con los ciudadanos. Estos documentos deberían ser el sustento básico del debate político, pero si no ha sido así, es porque en buena medida no ha habido exigencia social con respecto a lo que plantean.
En opinión de Diego Valadés, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el rubro de rendición de cuentas hay un equívoco generalizado en todas las plataformas y programas, porque se asimila sólo un proceso de información, pero no la sujeción de que una democracia debe operar con relación a quienes gobiernan, “porque de otra manera tenemos una rendición de cuentas sin consecuencia, y esto se puede ver en el caso de la cuenta pública”.
El Estado de derecho plantea igualdad ante la ley; sin embargo, un tema relacionado con este rubro, y que no se aborda en las plataformas electorales, es el caso de la interrupción voluntaria del embarazo a las 12 semanas, que sólo está permitida en una entidad, mientras que en otras 13 es objeto de castigo con una sanción privativa de la libertad de tres a cinco años, y en 18 más se penaliza hasta por 30 años. “La desigualdad es ostensible, las mexicanas están sujetas a diferentes regímenes, eso es falta de Estado de derecho”, remarcó.
En el auditorio Alfonso Caso de Ciudad Universitaria, José Woldenberg, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se dijo convencido de que si en el centro del debate público estuvieran las plataformas y no los dimes y diretes, y las descalificaciones mutuas, quizá a lo largo del proceso electoral México podría descubrir cuáles son sus retos, rezagos y, eventualmente, las recetas para superarlos.
Nuestro país, acotó, construyó una germinal democracia, vivimos en un régimen presidencial y una fragmentación política cada vez mayor —las coaliciones son una expresión de ello—, un ambiente en el que las identidades políticas e ideologías parecen ser sustituidas por un pragmatismo y personalismo exacerbados, todo en medio del desencanto, cuyo nutriente fundamental se encuentra en la corrupción, la violencia y la inseguridad, en el déficit de crecimiento económico y en las profundas desigualdades sociales.
Olga Sánchez Cordero, de la coalición “Juntos haremos historia”, sostuvo que el Estado de derecho debe garantizar la paz, el orden, la libertad, la democracia y la gobernabilidad, “sin esos elementos no hay viabilidad política ni social, de ahí la importancia de lograr una gobernabilidad democrática, en la que el respeto a los derechos humanos, la división de poderes y su equilibrio, además del combate al crimen, sea una realidad”.
Francisco Guerrero, de la coalición “Todos por México”, señaló que no podrá alcanzarse el desarrollo del país si no se respeta el Estado de derecho. “Estamos de acuerdo en apuntalar a las instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública, y de que en el sistema nacional anticorrupción hacen falta muchos engranajes”.
Jesús Ortega, representante de la coalición “Por México al frente”, sostuvo que la corrupción es un asunto que ofende y ocasiona grandes daños a los mexicanos. Sin embargo, el gran tema a destacar es el del ejercicio del poder político, porque a fin de cuentas la corrupción es consecuencia de un ejercicio antidemocrático y autoritario del poder político.
En tanto, Demian Sánchez, en representación de la candidata independiente Margarita Zavala, resaltó la necesidad de acercar el sistema de justicia a la ciudadanía, concientizarla sobre sus derechos y fortalecer el sistema de justicia. “Estamos a favor de la certidumbre jurídica, por lo que es necesario evaluar las acciones de los candidatos”.
Por último, González Contró resaltó la riqueza de estas jornadas, que “han reflejado cómo debemos discutir los grandes temas, cómo tomar las decisiones en este momento histórico de nuestro país. Es una contribución a la calidad de nuestra democracia, porque es en el debate de las ideas y de las propuestas donde debe centrarse la discusión sobre quién nos gobernará los próximos seis años”.
