El Pleno cameral aprobó dos dictámenes sobre igualdad de género. Uno garantiza el derecho de las mujeres a la propiedad, así como el uso y disfrute de la tierra, y a la no discriminación en materia agraria; el segundo, obliga a diferentes órdenes de gobierno a nutrir el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim).
Con 434 votos en pro, se avaló el dictamen que adiciona diversas disposiciones a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para precisar que será objetivo de la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres el fortalecimiento en materia de propiciar la igualdad de oportunidades para la población femenina en el uso y aprovechamiento de propiedades para su beneficio.
Para ello, las autoridades correspondientes garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en relación con los derechos reales de propiedad, así como de uso y disfrute de tierras y del derecho fundamental a la no discriminación en materia agraria.
En tanto, con 410 votos a favor, se ratificó el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuya intención es alimentar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres.
Será un sistema digital en el que se concentrará el registro con los datos generales y sociodemográficos de las víctimas de violencia de género, las personas agresoras y las órdenes de protección dictadas en favor de las mujeres.
El dictamen establece que corresponderá a la Secretaría de Gobernación coordinar, integrar y actualizar el Banco; determina que las secretarías de Desarrollo Social, de Salud, de Trabajo y Previsión Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como la Comisión Nacional de Seguridad y la Procuraduría General de la República, deberán proporcionar de manera periódica y dentro de su ámbito de competencia la información completa y oportuna a dicho Banco.
Precisa que corresponderá a las entidades federativas y al Distrito Federal crear, coordinar y actualizar el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres, así como proporcionar de manera periódica y dentro de su ámbito de su competencia la información completa y oportuna a dicho Banco estatal.
Al fundamentar los dos dictámenes, los cuales fueron remitidos al Senado de la República, la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández (PRI) señaló que la discriminación, apatía, falta de compromiso y violencia sistemática contra las mujeres y las niñas representan los principales obstáculos para el desarrollo. Tal desigualdad retrasa el progreso, el acceso a la justicia y el pleno ejercicio de los derechos humanos en México.
Mencionó que estos dictámenes responden al compromiso adquirido por todas y todos, para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. El primero, explicó, garantiza el derecho de la propiedad, así como el uso y disfrute de la tierra; sobre todo, a la no discriminación en materia agraria.
“El campo mexicano se ha feminizado. Las mujeres rurales representan uno de los grupos más afectados por la crisis alimentaria. Se requiere inversión para la modernización del campo y fortalecer los programas de apoyo”, añadió.
Puntualizó que la reforma a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres significa propiciar las mismas oportunidades para las mujeres en el uso y aprovechamiento de sus propiedades, estimulando la participación igualitaria de las actividades económicas del medio rural, se impulsa el goce de los derechos agrarios y el pleno desarrollo de las mujeres en este importante sector para la economía mexicana.
El segundo dictamen, expuso, es crucial para contar con registros administrativos que permitan la generación de estadísticas necesarias para la toma de decisiones y la aplicación de medidas de prevención, atención y protección de manera pronta, expedita, con la debida diligencia para salvaguardar la vida de las mujeres y las niñas.
Se requiere, afirmó, fortalecer los mecanismos y obligaciones de las diferentes entidades, para realizar los registros informativos sistemáticos de los datos de los casos de violencia contra las mujeres.
Recordó que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que el objetivo del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim) es crear expedientes electrónicos únicos para cada mujer en situación de violencia, salvaguardando la información personal, recopilada por las instancias involucradas.
Además, generar un registro de datos sobre la aplicación de las órdenes de protección e identificar situaciones que requieren medidas gubernamentales de urgente aplicación. Sin embargo, dijo, se evade la obligación y el compromiso de actualizar la información del estado que guardan los delitos de género.
Con este dictamen, añadió, se obliga a los diferentes órdenes de gobierno a registrar la información necesaria para alimentar de datos del Banavim, con cifras fidedignas sobre cualquier tipo de violencia o de delitos contra mujeres, con lo que se fortalecen los mecanismos que garanticen el sistema de información, estadísticas sobre las causas y las frecuencias de la violencia contra las mujeres.
Al aprobar el dictamen, aseguró que “las mujeres y las niñas contaremos con herramientas tangibles, cuantificables para identificar, detectar y prevenir la violencia”.
En los posicionamientos, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán (Encuentro Social) destacó que las mujeres, en el ámbito rural, aún presentan grandes desventajas respecto al resto de la población femenina en México; “por eso, reivindicar su derecho a la propiedad y tenencia de la tierra y participación igualitaria en las actividades económicas del medio rural, forma parte de uno de los compromisos de mi partido”, comentó.
Se congratuló por garantizar que todas las instancias proporcionen de manera periódica y dentro de su ámbito de competencia, la información que requiere el Banavim, y que este banco dependa de la Secretaría de Gobernación, para poder influir en todos los aspectos que abonarían a generar con el contenido, un cambio consistente y serio para el tema de la violencia hacia las mujeres.
Angélica Reyes Ávila, legisladora de Nueva Alianza, puntualizó que, de acuerdo con el Inegi, en 1990 la población económicamente activa de mujeres rurales era de 587 mil; una década después, fue de un millón 700 mil. De 2012 a 2014, la participación de las mujeres rurales se incrementó un 11.9 por ciento, mientras que la de los hombres disminuyó en 1.8 por ciento.
La violencia contra las mujeres, indicó, es una realidad que lacera y lastima a la sociedad. Agradeció que con la reforma a la ley se incluye el mandato para la creación y articulación de los bancos estatales de violencia, por lo que la Procuraduría General de la República y las procuradurías estatales también forman parte del sistema. “El banco no solo registrará los casos, sino también los delitos cometidos en contra de las mujeres”.
De Movimiento Ciudadano, la diputada María Candelaria Ochoa Avalos argumentó que la falta de información certera, oportuna y estructurada contribuye a invisibilidad de las problemáticas de las sociedades. Y, en el caso de la violencia de género, es todavía más grave, pues se conjuga con prácticas culturales que la ven como algo natural.
Precisó que las mujeres rurales aún presentan grandes obstáculos para su desarrollo personal, familiar y económico. “Siguen siendo las más golpeadas por la pobreza, violentadas física y emocionalmente por prácticas machistas y misóginas, excluidas de servicios educativos y de salud y les son negados o condicionados sus derechos políticos y económicos”.
La diputada Ariadna Montiel Reyes (Morena) expresó que la brecha de género entre hombres y mujeres en la propiedad de la tierra, es dramática. Se calcula en menos del 30 por ciento las propiedades en posesión de mujeres. “Es indispensable poner en el centro del debate el tema de la reforma agraria de manera integral, que incluye la redistribución de tierras y que tenga en cuenta las medidas de inclusión que se han logrado para las mujeres”.
Con respecto al Banco Nacional de Datos, comentó que hay muchos incumplimientos del Estado mexicano a los ordenamientos y existan algunas consecuencias que han obstaculizado su implementación y operación adecuada. “La integración de estos datos nos sirve para generar política pública y tener acciones de prevención”, dijo.
Daniela de los Santos Torres, legisladora del PVEM, lamentó que a las mujeres rurales aún no se les reconoce su enorme trabajo, pues siguen siendo consideradas como uno de los segmentos más vulnerables de la población, dadas sus condiciones de pobreza, marginación, escaso acceso a los servicios de educación, salud, alimentación y vivienda.
La importancia de este banco, dijo, radica en que concentra el registro de datos generales y sociodemográficos de las víctimas de violencia de género, de los agresores y de las órdenes de protección dictadas en favor de las mujeres afectadas. “Hoy estamos dando viabilidad no solo legal, sino también práctica, al compromiso de velar por el respeto y dignificación de las mujeres, a través del combate decidido y frontal contra la violencia hacia ellas”.
Por el PRD, la diputada Karen Orney Ramírez Peralta resaltó que para el 2014, según datos oficiales, la población femenina en el medio rural era de 14 millones, y garantizarles el acceso a la propiedad en la tenencia de la tierra de las mujeres rurales, así como su aprovechamiento y acceso al financiamiento productivo, contribuirá a la construcción y fortalecimiento de la autonomía económica de ellas.
Urgió a tomar acciones con determinación y eficacia, que contribuyan a erradicar la violencia de género que existe en el país. Estas reformas “harán que se cuente con información precisa respecto a las causas e identificación de lugares críticos, en donde se requieren acciones urgentes, con la concurrencia de los tres niveles de gobierno, así como la prevención de estos actos oprobiosos que atentan contra la dignidad de las personas”, explicó.
La diputada Patricia García García (PAN) dijo que, en México, las mujeres rurales enfrentan grandes limitaciones en el acceso a la tierra, a los recursos naturales, y a los apoyos destinados a las productoras rurales, tales como asistencia técnica y tecnología. Hoy se establece que las autoridades garanticen el principio de igualdad sustantiva con relación a los derechos reales de la propiedad, así como el use y el disfrute de la tierra, sostuvo.
Agregó que hasta la fecha no existe diagnóstico actualizado y periódico que permita establecer acciones concretas para prevenir y atender y sancionar y erradicar las violencias que sufren las mujeres mexicanas. Por ello, enfatizó, los dictámenes fortalecen las disposiciones jurídicas que permitirán avanzar hacia el ejercicio pleno de los derechos de la mujer en el país.
Martha Lorena Covarrubias Anaya, legisladora del PRI, puntualizó que es vital generar mecanismos que eliminen la discriminación y las brechas de desigualdad de género en todos los ámbitos. “Las situaciones de marginación de clase, etnia y género, sitúan a las mujeres rurales en uno de los grupos más desprotegidos, subordinados y de mayor discriminación en nuestro país”.
La reforma a diversas disposiciones de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, obliga a actualizar el Banavim, a fin de generar puntuales estadísticas sobre la información recabada y fortalecer mecanismos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.