- Poder Ciudadano advierte que desechar las impugnaciones ciudadanas impediría analizar modificaciones en capacitación, selección y verificación de funcionarios electorales
La organización Poder Ciudadano pidió a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) analizar el fondo de las impugnaciones presentadas contra las nuevas reglas del INE para capacitar e integrar las mesas directivas de casilla en las elecciones de 2027.
El llamado ocurre ante un proyecto de sentencia que, según la organización, propone desechar las demandas promovidas por dos asociaciones civiles al considerar que carecen de interés jurídico para controvertir la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2026-2027.
Los recursos corresponden a los expedientes SUP-RAP-201/2026, SUP-JDC-479/2026 y SUP-JDC-481/2026, acumulados y turnados a la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Los registros públicos del Tribunal confirman que las demandas controvierten el acuerdo del Consejo General del INE relacionado con dicha estrategia.
Hasta ahora se trata de un proyecto de resolución y no de una sentencia definitiva del Tribunal.
“No estamos solicitando al Tribunal que anticipe una resolución favorable a nuestra posición. Estamos pidiendo que permita analizar el fondo de las modificaciones”, afirmó Gaby Sterling, presidenta nacional de Poder Ciudadano.
¿Qué cambios cuestiona la organización?
La Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2026-2027 fue aprobada por el Consejo General del INE mediante el acuerdo INE/CG489/2026. Su existencia y anexos aparecen publicados en la Gaceta Electoral del organismo.
Poder Ciudadano sostiene que varias modificaciones, consideradas en conjunto, podrían reducir los controles preventivos utilizados para seleccionar y capacitar a quienes recibirán y contarán los votos.
Entre los cambios impugnados se encuentran:
- La reducción de ocho días en los periodos de capacitación electoral: tres días en la primera etapa y cinco en la segunda.
- La sustitución del mínimo de revisitas y del referente de dos personas aptas por cada funcionario requerido, por un “número óptimo” calculado con información histórica.
- La posibilidad de incorporar nuevas secciones con estrategia diferenciada de nivel dos sin autorización previa del Consejo Distrital, al que se informaría posteriormente.
- El reemplazo de la consulta institucional de bases de datos para comprobar que las personas designadas no sean servidoras públicas impedidas, por una declaración bajo protesta de decir verdad.
- La eliminación del inicio automático de un procedimiento sancionador cuando una persona aspirante a supervisora o capacitadora electoral aparece en el padrón de un partido y desconoce esa afiliación.
También se modificó la ponderación utilizada para contratar supervisores electorales y capacitadores-asistentes: el examen pasó de representar 60 a 50% de la calificación, mientras que la entrevista aumentó de 40 a 50%.
Estas observaciones forman parte de los argumentos de la organización y deberán ser valoradas por el TEPJF; no constituyen por sí mismas una determinación judicial sobre la legalidad de las nuevas reglas.
Impugnación ciudadana tiene mayor alcance que la del PAN
Poder Ciudadano explicó que su demanda es distinta del recurso presentado por el Partido Acción Nacional.
El planteamiento del PAN se concentra en la posibilidad de que los partidos vigilen las entrevistas de las personas aspirantes a supervisoras electorales y capacitadoras-asistentes. El proyecto judicial propone considerar fundado ese reclamo, mientras plantea desechar las demandas ciudadanas por falta de interés jurídico.
La organización civil busca que se revise un conjunto más amplio de modificaciones relacionadas con los plazos de capacitación, localización de ciudadanía sorteada, verificaciones y mecanismos extraordinarios para integrar las casillas.
Señalan caída en participación de funcionarios propietarios
De acuerdo con datos citados por Poder Ciudadano, la proporción de personas propietarias designadas que finalmente integraron las mesas de casilla descendió de 92.26% en el proceso 2017-2018 a 89.35% en 2020-2021 y a 88.28% en 2023-2024.
La agrupación agregó que durante el proceso electoral 2023-2024 se registraron 18 mil 245 sustituciones de supervisores y capacitadores-asistentes electorales, lo que habría obligado a emitir mil 465 convocatorias adicionales.
La organización reconoció que el INE enfrenta necesidades presupuestales y operativas ante la magnitud de las elecciones de 2027, pero consideró que la reducción de tiempos y verificaciones debe estar respaldada por evidencia técnica.
“Desechar la demanda impediría que esa discusión se produzca desde la perspectiva de la ciudadanía”, sostuvo Sterling.
La Sala Superior deberá determinar primero si las organizaciones cuentan con legitimación e interés jurídico para impugnar el acuerdo. Sólo si supera ese punto procesal podría pronunciarse sobre el fondo de sus argumentos.