Las diputadas perredistas Verónica Juárez Piña y Claudia Reyes Montiel exhortaron al Ejecutivo federal a respetar los derechos humanos y laborales de los servidores públicos de la administración pública federal, revalorar su función y garantizar la prestación de servicios.
Señalaron que ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene un cálculo exacto de burócratas despedidos, pero representantes de los afectados y otros observadores calculan que van desde 21 mil hasta los 113 mil.
Cualquiera sea la cifra, las legisladoras solicitaron a la SHCP informe respecto al número de plazas del Servicio Profesional de Carrera y el número de contratos por honorarios que fueron cancelados o que no han sido renovados en la Administración Pública Federal, así como el monto erogado por liquidación y/o gratificación a estos trabajadores.
Además, exigieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador que la aplicación de su política de austeridad no implique la violación los derechos humanos y laborales de estos trabajadores.
Le demandaron que, por el contrario, reconozca su experiencia, compromiso y méritos laborales de los servidores públicos y que, en caso de emprender medidas de ajuste presupuestal, éstas no afecten tales derechos.
En el mismo sentido, las diputadas del Partido del Sol Azteca solicitaron a Carlos Manuel Urzúa Macías, titular de la SHCP, la elaboración de un diagnóstico sobre el Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a fin de emprender las medidas legales y administrativas que sean necesarias para alcanzar un servicio público profesional, eficiente y eficaz que garantice la prestación de servicios oportunos y de calidad para toda la población.
Destacaron que ya la Auditoría Superior de la Federación señaló que la problemática que enfrenta el Servicio Profesional de Carrera es la insuficiente coordinación de los diferentes actores; deficiencias en el ingreso y ascenso; y una limitada capacitación de los funcionarios.
Recordaron que el Servicio Profesional de Carrera se encarga de garantizar que el ingreso, desarrollo y permanencia de los servidores públicos de confianza en la Administración Pública se base en principios como mérito, igualdad de oportunidades, legalidad, imparcialidad, vocación de servicio, objetividad, eficiencia y lealtad institucional.
Sin embargo, el gobierno federal no ha ofrecido un diagnóstico integral del mismo ni las medidas necesarias para cumplir con sus metas.
En lo que va del actual gobierno se han despedido a muchos trabajadores de honorarios puesto que no se les renovó su contrato ni tampoco se les liquidó ni gratificó.
La Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunciaron que cinco mil funcionarios de carrera de la Administración Pública Federal serían despedidos bajo el esquema de retiros voluntarios. La diputada Claudia Reyes afirmó que esta medida resulta contraria a la profesionalización del servicio público.
Reyes Montiel y Juárez Piña pidieron que estos movimientos sean explicados, que se revalore el trabajo público y que sea reconocido por el gobierno pues es gracias a estos trabajadores que el gobierno provee servicios y bienes a la población.
Por la trascendencia de este asunto, propusieron un punto de acuerdo a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que respalde institucionalmente su petición al gobierno federal.
